07-02-2021 / 20:20 h EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzará este lunes una audiencia de 5 días por una demanda contra el Estado colombiano por el supuesto exterminio y violaciones a los derechos de unos 6.000 miembros del partido Unión Patriótica a lo largo de 20 años a partir de 1984.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, llevará a cabo la audiencia de manera virtual debido a la pandemia de la covid-19 y se prevé que concluya el próximo viernes tras haber declarado testigos y peritos y se hayan expuesto los alegatos orales finales de las partes.

La demanda, presentada a la Corte en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma que "el caso se relaciona principalmente con un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones al derecho a la vida, desapariciones forzadas y desplazamientos de particular gravedad y magnitud, y tiene un carácter emblemático en Colombia".

Estos hechos ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6.000 miembros o militantes de la Unión Patriótica (UP), quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales.

Además, la demanda alega que determinadas personas habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos judiciales.

Al Estado colombiano se le acusa de haber violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial, así como los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.

Todo ello debido a que el móvil de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las presuntas víctimas habría sido su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo.

La demanda también señala que las víctimas de este caso aparentemente fueron sometidas constantemente a estigmatización a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas o brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esos calificativos habrían tenido un efecto en los actos de violencia desatados en contra de los miembros y militantes del partido, por lo que la acusación señala que el Estado incurrió en violaciones al derecho a la honra y la dignidad.

"Se sostiene que las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso habrían sido incipientes e insuficientes, y no habrían logrado proveer, ni a los sobrevivientes, ni a los familiares de los fallecidos, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la UP", afirma la acusación.

 
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