15-12-2020 / 16:21 h EFE

Carlos Gómez preside el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) desde el pasado miércoles. El magistrado de la Sala Civil y Penal, que entró en la carrera judicial en 1982, explica en una entrevista a Efe que centrará su mandato en reivindicar más infraestructuras judiciales y recursos para los jueces de las islas.

Pregunta.- En su primer discurso como presidente del TSJIB pidió un plan de edificios judiciales en Baleares, ¿tan mala es la situación?

Respuesta.- Sí, ya lo decía el anterior presidente del TSJIB, Toni Terrasa. No cabe ni un juez ni una jueza más, es probablemente nuestra necesidad material más urgente.

- No mencionó las necesidades de más juzgados en ámbitos como violencia de género y lo social ¿cuáles son las principales carencias en ese aspecto?

- Las carencias derivadas de la situación de pandemia se centran en el mercantil, ya que se espera que haya un aumento de los concursos de acreedores, y en el ámbito de lo social, que se prevé una litigiosidad de la gente que ha quedado en paro o que se ha visto afectada por los ERTE y los ERE. Es una situación complicada y por eso se ha creado un juzgado de lo social y mercantil.

- ¿Ha detectado más carencias en otros ámbitos judiciales de las islas?

- Baleares necesita un nuevo juzgado de violencia contra la mujer y al menos dos juzgados de lo contencioso-administrativo. Se trata de un problema estructural anterior al coronavirus que ahora ha pasado a un segundo plano, pero que tarde o temprano habrá que afrontar.

- En su discurso en la toma de posesión de su nuevo cargo, pidió perdón por pedir más medios, pero ¿marca eso que mantendrá una posición reivindicativa ante el Ministerio?

- Lo dije en ese ámbito porque, para conseguir esos edificios, necesitamos la colaboración tanto del Ministerio de Justicia como de las instituciones autonómicas y locales. Necesitamos nuevos espacios que muchas veces proporcionan estas administraciones a través de convenios, por lo que en mi toma de posesión se dio un marco adecuado para lanzar la reivindicación.

- ¿Qué objetivos se marca para su mandato?

- Me centraré en apoyar la difícil labor de los jueces en Baleares, que deben aplicar la ley en unas condiciones difíciles, marcadas sobre todo por la entrada de muchos asuntos que se suman a la falta de recursos. También quiero hacer ver a las demás instituciones las necesidades que tenemos en la Justicia, que es una rama de poder del Estado sin recursos propios y necesitamos que nos doten de ello. Además, tengo la función de explicar qué es la justicia, a veces muy compleja, y cómo funciona a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

- ¿Qué opina de los planes para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía asuma la instrucción y reservar al juez la vigilancia de la garantía de los derechos fundamentales?

- Es una reforma positiva que se quiere conseguir desde hace tiempo. Es absolutamente necesario separar las funciones de investigar y las de garantizar los derechos fundamentales ya que, acumular ambas funciones en el juez no es positivo y no aporta claridad al sistema. Como dice la Constitución, el juez juzga y hace ejecutar lo juzgado, pero el juez no investiga. Es una función que históricamente se ha atribuido a los jueces pero existe una tendencia internacional a que no sea así. Es la típica idea que, cuando alcance un grado de madurez social, se efectuará, si bien no sé si será ahora o dentro de unos años.

- ¿Ha participado en estos planes para cambiar esta ley?

- Cuando fui juez de instrucción, planteé al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad porque, en aquel tiempo, había una ley que obligaba a instruir y juzgar los delitos menos graves. Tuve un caso de un joven delincuente que metí en prisión. Era reincidente y yo le iba a juzgar de nuevo, por tanto sabía que le iba a volver a condenar. En 1986, se dictó que la acumulación de instruir y juzgar no era acorde a la Constitución, y dos años después se crearon los juzgados de lo Penal. Ahora, la reforma quiere acabar con la acumulación de instruir y garantizar los derechos fundamentales del acusado, ya que el juez de instrucción aún acumula funciones como investigar y decidir medidas que afectan a estos derechos. En la mayoría de países, eso lo decide un juez de garantías, que no es el que investiga.

- También abogó por abrir a la ciudadanía el debate del nombramiento de los altos cargos judiciales para evitar la politización y el corporativismo. Dijo que la solución no era fácil pero no dijo cuál es su posición al respecto, ¿cuál es?

- La Constitución establece que doce miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben ser jueces que a la vez deben ser elegidos por los jueces, al igual que se establece en la recomendación 12/2010 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, para que se garantice la independencia judicial. No soy partidario de que sea una solución corporativa por lo que también debe intervenir la sociedad a través de sus vocales, que no son de la carrera judicial.

- Compaginar la presidencia del TSJIB con seguir ejerciendo como juez ¿cree que aumentará la atención sobre sus resoluciones?

- Se trata de funciones bien diferenciadas porque una tiene una naturaleza organizativa y la otra puramente jurisdiccional. No tiene por qué influir una sobre la otra ya que es el modelo que se sigue en prácticamente todos los órganos judiciales. Los presidentes de los TSJ desarrollamos una actividad jurisdiccional de acuerdo a una norma de reparto para poder compaginar el trabajo jurisdiccional con el gubernativo.

- En numerosas ocasiones ha incidido en la importancia de la formación inicial de los jueces. ¿Cree que es insuficiente? ¿Cómo podría mejorar?

- El proceso de selección de jueces se integra por la oposición y por la formación inicial, la cual está adecuada a los estándares de los países más avanzados. En cambio, la oposición necesita una reforma porque el actual modelo versa sobre conocimientos del futuro juez y hay otros aspectos que son importantes para el desarrollo de sus funciones, como sus habilidades, las actitudes y sus competencias.

- ¿Cree que los jueces aprenden más con su propio ejercicio o con las decisiones de los demás jueces?

- Se aprende de manera distinta. Un juez aprende de sus propias decisiones, angustias y equivocaciones. Es una aproximación al derecho y a la función de ser juez a través de la vida. A partir del trabajo de los compañeros, se aprende a través de la jurisprudencia, que complementa el ordenamiento jurídico. En la actualidad, se puede acceder fácilmente a la base de datos para saber qué ha decidido el Tribunal Supremo o una Audiencia Provincial.

- Es juez desde hace 38 años. ¿Qué le diría a quienes actualmente se preparan para ejercer esta profesión?

- A los estudiantes les diría que, si les gusta el Derecho, no hay profesión más bonita porque el juez es quien convierte el Derecho en realidad y que lo estudiado en los libros se traduzca en vida. Como muchas profesiones, la de juez es difícil porque hay que dar una solución al conflicto y no siempre son soluciones fáciles. Uno tiene que buscar dentro de sí mismo la independencia, la imparcialidad y la satisfacción de ver que ha aplicado la ley.

- Usted es el primer español elegido miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2021-24. ¿En qué consistirá su trabajo para ese organismo?

- Se trata de un organismo que existe desde 1976, creado por el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y Sociales de 1967. Tres veces al año, viajaré a Ginebra para resolver casos de ámbito general, como la situación de derechos humanos en un país en concreto y determinar una serie de recomendaciones en base a los informes realizados, y también ayudaré a resolver aquellos conflictos sobre vulneración de derechos fundamentales que plantee la ciudadanía de alguno de los 90 países adheridos a este protocolo.

 
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