10-12-2020 / 9:31: h EFE

Una asociación de familiares de enfermos mentales de la comarca del Noroeste deberá readmitir e indemnizar con 10.000 euros a la educadora de un colegio a la que despidió como represalia por haberse quejado del comportamiento de una alumna, compañera de su propia hija.

Así lo dispone la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Nueve de Murcia, a la que ha tenido acceso Efe, que señala que el despido, acordado por la junta directiva de la asociación, fue nulo al haberse vulnerado los derechos fundamentales que amparan a la trabajadora.

El juzgado declara como hechos probados que el cese de la relación laboral se produjo en febrero de este año, después de que esta educadora social denunciara que el comportamiento de la niña perturbaba el orden del aula, además de molestar a su hija.

También impulsó la recogida de firmas entre los padres de los alumnos para enviar un escrito de queja al Servicio de Atención a la Diversidad de la Región de Murcia.

El despido fue acordado al considerar la directiva que la ahora demandante había incurrido en una infracción muy grave de falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.

Dice la sentencia que el cese vulneró los derechos fundamentales de petición, educación y libertad de expresión, ya que, añade, el escrito contenía una crítica a la directiva por no resolver el problema denunciado, pero no contenía expresiones injuriosas, ofensivas o vejatorias.

El juzgado es concluyente al señalar que no hubo falta de respeto, ya que la educadora se limitó a defender los derechos de su hija.

 
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