01-12-2020 / 18:40 h EFE

La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) dio este martes luz verde al informe sobre la reforma de la euroorden que propone que las ofensas contra la integridad constitucional de un Estado miembro entren dentro de los delitos por los que se debe dictar automáticamente la entrega al país emisor.

El informe plantea así añadir los "crímenes contra la integridad constitucional de un Estado miembro que involucren el uso de la violencia" a la lista de los 32 delitos que actualmente garantizan la entrega automática de la persona reclamada al Estado que emite la euroorden.

El texto subraya también que debería valorarse incluir otro tipo de delitos entre aquellos que garantizarían la entrega inmediata, como los crímenes ambientales, ciertas formas de evasión fiscal, abusos sexuales, violencia de género, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En la actualidad la legislación contempla 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro e incluir nuevos delitos en esta lista requeriría una propuesta de reforma por parte de la Comisión Europea.

Una vez aprobado en el pleno de la Eurocámara, el texto, del que ha sido el principal responsable el diputado popular Javier Zarzalejos, se remitirá al Ejecutivo comunitario, que puede optar por proponer o no la reforma que le solicitan los diputados.

“El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión”, señaló Zarzalejos en un comunicado.

La propuesta también plantea que las euroórdenes emitidas por un Estado miembro sean "reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos", así como que un país que rechace una petición de esta naturaleza deba presentar "argumentos objetivos y factuales" para justificar su decisión.

El informe recoge principalmente cuestiones técnicas y no entra a valorar casos concretos en los que el ponente haya detectado problemas en la ejecución, aunque cuando se le asignó a Zarzalejos la tarea comentó que "una aplicación deficiente" de la norma "puede provocar casos de impunidad como el de Carles Puigdemont".

En el caso del catalán Puigdemont, antes de la entrega se debe demostrar que los delitos por los que le reclama España están tipificados de forma similar en la legislación belga.

El texto ha salido adelante en comisión parlamentaria con 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, entre ellas la del diputado del ultraderechista Vox Jorge Buxadé, quien considera que se han incluido "varias condiciones ideológicas inaceptables que destruyen el sentido de este instrumento".

 
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