26-11-2020 / 21:20 h EFE

El primer ministro portugués, António Costa, llamó hoy a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para garantizarle que se cumplirán todos los compromisos con Novo Banco después de que el Parlamento anulase una inyección de capital a la entidad.

"Portugal es un Estado de derecho que cumple sus obligaciones contractuales. Hablé con la presidenta del BCE, Lagarde, a quien garanticé el escrupuloso cumplimiento de los compromisos asumidos en la venta del Novo Banco", escribió el jefe del Gobierno luso en su perfil oficial de Twitter.

Esta llamada se produjo después de que el Parlamento, durante la votación de los Presupuestos de 2021, anulase una inyección de capital de 476 millones de euros que estaba prevista para el próximo año para el Novo Banco, entidad heredera del quebrado Banco Espírito Santo (BES).

Estas inyecciones forman parte del acuerdo de venta que el Estado luso alcanzó en 2017 con el fondo estadounidense Lone Star, que adquirió entonces el 75 % de la entidad bancaria.

El contrato incluye un mecanismo que se pone en marcha cuando el valor de los activos problemáticos heredados del BES baja de un determinado nivel o cuando los ratios de la entidad se puedan ver afectados, y que prevé que se puedan inyectar hasta 2026 un máximo de 3.890 millones de euros.

En los últimos años, ya se han transferido unos 3.000 millones, y la entidad había solicitado otros 476 para 2021.

Las inyecciones son realizadas por el Fondo de Resolución, un organismo público que se financia con aportaciones de los bancos portugueses, pero cuando no hay capital suficiente se recurre a préstamos del Estado, por lo que después se reflejan en el déficit luso.

Las cuantiosas inyecciones de los últimos años se han puesto en duda por diferentes partidos en varias ocasiones y la tensión ha derivado hoy en la anulación en el Parlamento de la transferencia prevista para 2021, una medida que fue apoyada por el marxista Bloco de Esquerda, los comunistas, Los Verdes y el conservador PSD.

El Gobierno socialista les acusa de poner en riesgo la credibilidad del sistema financiero y el ministro de Finanzas, João Leão, admitió la posibilidad de enviar la norma aprobada en el Parlamento al Tribunal Constitucional para que la analice.

 
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