26-11-2020 / 16:40 h EFE

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía, una percepción que ha sido reconducida para convertirse en una ayuda complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pondrá en marcha el Estado con un alcance mayor.

El anteproyecto de ley aún tiene un recorrido normativo antes de entrar en vigor previsiblemente en el tercer trimestre de 2021: primero va a exposición pública, luego a informe del Consejo Consultivo, después regresa al Consejo de Gobierno y finalmente debe tramitarlo y aprobarlo el Parlamento de Canarias.

La renta de ciudadanía tendrá carácter subsidiario y complementario de las pensiones no contributivas y de otras prestaciones y su cuantía mensual estará determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

La Consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que esta renta ciudadana llegará como complemento de ayudas al alquiler o a los estudios a personas especialmente vulnerables perceptoras del IMV.

Pero también beneficiará a colectivos a los que no alcanzará esta ayuda estatal, como jóvenes de 18 a 23 años que cuando eran menores estaban tutelados por la Comunidad Autónoma.

Habrá un complemento para las personas perceptoras de pensiones no contributivas.

Su implantación será por fases: alcanzará primero a quienes no alcanza el Ingreso Mínimo Vital y más adelante se aplicarán los complementos a este.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que acreditar empadronamiento por un mínimo de doce meses o residencia efectiva de cinco años.

También tendrá que acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia, ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.

No obstante hay excepciones en el caso del empadronamiento y la edad cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas y familias con menores a cargo.

Las tres modalidades son la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También hay tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Para agilizar el procedimiento de la solicitud de la renta, la persona interesada podrá presentarla de manera telemática, con asistencia de los servicios sociales municipales si es necesario, y la administración contestará en el plazo de tres meses.

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un año, renovable mientras se mantengan las causas y condiciones de acceso.

 
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