25-11-2020 / 11:01 h EFE

La adjuntía especial de Igualdad de la Diputación del Común, que dirige la adjunta Beatriz Barrera, ha registrado 260 quejas e investigaciones de oficio desde su creación en 2018.

Según los datos de esta entidad, publicados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, durante este año se han producido más llamadas al 016 respecto al año 2019 pero se ha registrado un descenso en las denuncias, factor que para el Diputado del Común, puede ser por la pandemia y que muestra la dificultad que ha tenido la víctima para presentarse ante las diligencias policiales.

El número de quejas tramitadas por la Adjuntía de Igualdad ha creciendo desde 2018, en el que se registraron 33 quejas (7 investigaciones de oficio y 26 quejas particulares); hasta el presente ejercicio en el que se constatan 145 reclamaciones (107 investigaciones de oficio y 38 quejas particulares).

Según el Diputado del Común, estos datos ponen de manifiesto la necesidad que presenta la población y, en especial las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, de disponer de herramientas e instituciones que los atiendan y den soluciones a este tipo de problemas.

Barrera destaca en la nota la importancia de contar con una coordinación total entre todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, y señala a la Adjuntía de Igualdad como un altavoz que ayuda a las víctimas a resolver sus conflictos.

Las quejas recibidas en materia de violencia de género en la Institución son principalmente relativas a reclamaciones respecto a soluciones habitacionales de las víctimas que se encuentran desamparadas; denegaciones de ayudas, subvenciones o prestaciones; deficiencias en la dotación de material y de personal, retrasos y falta de atención administrativa a la ciudadanía; y dilaciones excesivas en los procedimientos y trámites judiciales.

También destaca las registradas en materia de políticas de igualdad y representación equilibrada entre mujeres y hombres; de conciliación familiar y laboral, como son las medidas de flexibilización horaria y jornadas parciales o creaciones de centros infantiles en los lugares de trabajo; el lenguaje inclusivo, para revisar textos normativos de las administraciones públicas canarias y adaptarlo a la representación paritaria de ambos géneros; o la discriminación por razón de sexo y la defensa de los derechos de las personas LGTBI, entre otros aspectos.

Barrera afirma que en la resolución o, al menos toma en consideración de la resolución de estos conflictos, es fundamental la coordinación y la sensibilización de la Administración Pública y señala que es primordial trabajar en profundidad con la infancia y la adolescencia "si algún día queremos atajar esta lacra”.

 
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