27-10-2020 / 18:30 h EFE

Un polizón de nacionalidad colombiana que fue detenido por las autoridades en abril de 2017 a bordo de un barco que tenía previsto hacer escala en Marín (Pontevedra) ha reconocido que la intención de su viaje era introducir cocaína en Galicia.

Así lo ha explicado en el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Pontevedra, en el que también ha reconocido los hechos una de las dos personas que, tras organizar el envío, esperaba en tierra para recoger la droga.

El tercer acusado, vecino de la localidad pontevedresa de Valga, ha negado haber concertado esta operación, a pesar de que la Fiscalía asegura que era la persona que mantenía contacto con el polizón, tal y como registraron a través de unas escuchas.

El polizón viajaba a bordo del barco 'CAP Beatrice', oculto en el interior de una grúa junto a 52 'ladrillos' de cocaína, y el otro acusado que ha confesado era el encargado de ir con su lancha a recoger la mercancía antes de que el buque llegara a puerto.

El primero explicó ante el tribunal que alguien contactó con él en su país y, tras saber que quería viajar a España, le propuso "ganar un dinero extra", entregándole un navegador GPS y un teléfono móvil para contactar con las personas "que me recogerían".

Tras colarse como polizón en un mercante que zarpó de Colombia, éste fue descubierto a los tres días y fue retenido por el capitán del barco, que alertó las autoridades españolas, que, haciéndose pasar por el detenido, simularon la entrega de la droga.

A este encuentro acudió el segundo de los acusados, vecino de Sanxenxo, que aseguró que trabajaba "esporádicamente" como percebeiro y que "un señor alto" le propuso saldar sus deudas a cambio de recoger una mercancía en alta mar.

"Me dieron una coordenadas y si aparecía algo tenía que recogerlo", ha reconocido, asegurando que "yo no sabía lo que tenía que recoger" y por eso "estuve dando vueltas como un gallo sin cabeza por la ría" hasta que fue detenido en el operativo policial.

La Fiscalía considera que los tres acusados son autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y solicita diez años de cárcel para el polizón y trece años y medio para las otras dos personas, junto con multas de unos 24 millones de euros.

 
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