26-10-2020 / 17:57 h EFE

El PSOE-A se ha mostrado "muy satisfecho" tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores socialistas contra el decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

En un comunicado, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Manuel Jiménez Barrios, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber ejercido un "grave atropello democrático" con este decreto, que "sólo aporta inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social" en momentos especialmente "delicados" para la comunidad por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

Jiménez Barrios ha recordado que el citado decreto-ley modificó 21 leyes y 6 decretos "de golpe, sin diálogo con nadie", a la vez que ha sostenido que "no es simplificación administrativa, sino que se trata de desregular para favorecer determinados intereses privados".

"Estamos hablando de un decreto que deja a Andalucía en situación de inseguridad jurídica" para empresas, emprendedores y autónomos que, ante la crisis que se avecina, necesitarían certeza jurídica", ha recalcado.

Además, según ha señalado, el decreto recoge modificaciones urbanísticas, ambientales o sobre el patrimonio que "parecen fruto de un ordenamiento pasado".

"La 'revolución verde' de la que hace gala el presidente de la Junta se evidencia como un fraude normativo, parlamentario, jurídico y político", ha remachado.

El dirigente socialista ha incidido en que su partido ya denunció que el decreto supone una "barbaridad jurídica sin precedentes" porque "destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público y degrada la función parlamentaria".

Y ha explicado que el PSOE ha recurrido "el fondo de todo el decreto" por considerarlo un abuso jurídico, y también por la forma en la que se aprobó, en una reunión de la Diputación Permanente, "cuestionada en su validez legal" y no en el Pleno del Parlamento.

El recurso interpuesto por el PSOE cuenta con el dictamen jurídico de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, y en el mismo se alerta de la "degradación clara de la función parlamentaria" y del "abuso jurídico", ya que supone una "contrarreforma legislativa" al eliminar casi una treintena de normativas autonómicas "sin la participación de nadie" y sin urgencia "justificada".

En su opinión, el decreto "ya sufrió una primera derrota que el gobierno de Moreno Bonilla intentó camuflar con la milonga de que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, cuando la realidad es que no le quedó más remedio que claudicar ante las peticiones del Gobierno central, dada la aberración jurídica que suponían los dos artículos recurridos" ha concluido.

 
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