23-10-2020 / 21:50 h EFE

El juez instructor del proceso penal por la masacre de unos 1.000 salvadoreños en El Mozote (1981), Jorge Guzmán, intentará inspeccionar los archivos de dos unidades militares en el oriente de El Salvador, después de que el Ejército impidiera la diligencia en cuatro cuarteles, informó a Efe uno de los abogados de las víctimas.

Wilfredo Medrano, de la organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández", indicó que el martes 27 de octubre se realizaría la inspección en la Tercera Brigada de Infantería del departamento de San Miguel (oriente) y el jueves 29 en el Destacamento Militar Número 4 de Morazán (oriente).

Estas inspecciones estaban programadas originalmente para la primera y segunda semana de noviembre, pero debido al bloqueo en los otros lugares la fecha se adelantó.

Tras impedir la diligencia judicial en cuatro unidades militares, el Gobierno permitió la inspección del civil Archivo General de la Nación (AGN), donde se han recabado "pruebas de contexto", de acuerdo con David Morales, otro abogado de las víctimas.

La organización Tutela Legal "María Julia Hernández", que históricamente ha acompañado a las víctimas y es parte del proceso, pidió el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dicte medidas de protección para los documentos relacionados con la masacre.

En respuesta a esto, el organismo regional pidió al Gobierno del presidente Nayib Bukele información sobre este bloqueo y le dio hasta el 5 de noviembre próximo para hacerlo.

Por otra parte, el juez Guzmán requirió al gobernante que entregue cinco cajas con archivos supuestamente desclasificados y relacionados con a masacre que presentó el pasado 24 de septiembre en una cadena nacional de medios de comunicación.

El juzgador ha dado un plazo de cinco días hábiles para ello.

Casi un mes después de dicha comparecencia, el Guzmán y el Ministerio Público aseguran que no han recibido los archivos "desclasificados", mientras que dos altos funcionarios del Ejecutivo de Bukele han asegurado que fueron entregados.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.

En el proceso, que se espera que sea elevado a juicio a finales del año, más de cuarenta personas han testificado, que estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y que tras su anulación en 2016 por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema fue reabierto.

 
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