16-10-2020 / 19:41 h EFE

Las defensas de los tres Mossos d'Esquadra encarcelados por supuestamente formar parte de una “trama de corrupción policial” centrada en el tráfico de marihuana con base en Santa Coloma de Farners (Girona), han solicitado este viernes su puesta en libertad.

También han pedido ante la Audiencia Provincial que se resuelva si existe una nulidad en la causa, ya que los agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) tomaron declaración en dos ocasiones sin abogado al narcotraficante delator, lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales.

El fiscal Enrique Barata, que no coincide con ese criterio por entender que, en todo caso, afectaría únicamente al declarante, ha sostenido que se mantienen los argumentos por los que fueron encarcelados y que si salen en libertad podrían destruir pruebas o, incluso, coaccionar a testigos.

En la vista por el recurso a los autos de prisión dictados por el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Coloma, los letrados, incluido el de un cuarto encarcelado, en este caso ajeno al cuerpo de Mossos, han insistido en que no hay argumentos jurídicos para mantenerles en la cárcel de manera preventiva, puesto que todos tienen un “importante arraigo”.

Los abogados Carles Monguilod, Benet Salellas y Manel Mir han respaldado ese punto de vista y el primero de ellos Monguilod, que defiende a un cabo y a un agente, ha puntualizado que "son funcionarios y cobran el sueldo base, son nacionales, tienen propiedades, hijos menores escolarizados y vínculos familiares".

En la misma línea se ha manifestado Salellas, quien ha puntualizado que, en su caso, su cliente tiene "veintidós años cotizados en actividades diferentes a la policial y podría volver a trabajar en cualquiera de ellas”.

En cuanto al riesgo de destrucción de pruebas, otro de los motivos en que basó la prisión preventiva el juez instructor, las defensas también lo han puesto en duda y han sostenido que la orden de alejamiento de la comisaría y la prohibición de comunicarse con otros Mossos de Santa Coloma de Farners son medidas suficientes.

Los letrados, que han recordado que los investigados llevan cinco semanas encarcelados, han calificado de “desproporcionada” la cárcel y han apuntado a la posibilidad de otra opciones "menos agravantes" como ponerles una fianza, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer en el juzgado periódicamente.

Los abogados han enumerado gran cantidad de jurisprudencia para hacer caer el delito de organización criminal de que están acusados, y Salellas ha apuntado que “no se puede decir que un cuerpo policial está organizado para delinquir, porque ya es una organización en sí, pero policial”.

La causa está abierta por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental cometida por funcionario público y tenencia ilícita de armas –el cabo tenía un arma no registrada-.

 
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