08-10-2020 / 14:23 h EFE

El sector estatal de Administración Local de FSC-CCOO considera “innecesaria y peligrosa” la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía a través del decreto ley que cambia la tramitación de las solicitudes de valoración de grado de dependencia.

Esta modificación esencial quita competencias a los ayuntamientos y diputaciones y "rompe la columna vertebral del sistema público de servicios sociales en Andalucía, haciendo desaparecer y diluyendo la puerta de entrada al sistema", ha alegado el sindicato en un comunicado.

Se modifica el artículo 28.23ª de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que establecía que son los servicios sociales comunitarios los que inician la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA), así como la propuesta de revisión del mismo.

Según CCOO, esto es de suma importancia, ya que el PIA, elaborado desde los servicios sociales comunitarios, es el que permite a la familia decidir cuál es el recurso que mejor se adecúa a las necesidades de la persona dependiente, por ser los trabajadores sociales municipales los profesionales más cercanos a las familias.

La Junta justifica la medida para simplificar el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y agilizar los servicios y prestaciones, pero, según este sindicato, el atasco actual está en la resolución de los expedientes y la falta de presupuesto destinado a la dependencia que está en manos de la Junta, no de la tramitación y establecimiento del programa individual de atención (PIA).

Ha incidido en que estas medidas alejan de nuevo a las personas más vulnerables de la administración y el acceso a los derechos sociales, sin el asesoramiento de los profesionales del Trabajo Social y, además, se pierde el acceso de los municipios a conocer las listas de espera y demanda de atención real.

Asimismo, el sector estatal de Administración Local muestra su preocupación por los puestos de trabajo que se crearon vinculados a los convenios de colaboración entre la Junta y las entidades locales, para la aplicación de la ley de dependencia y la atención cercana y directa de las personas en esta situación, y que cuentan con un presupuesto de 10.290.871 euros, que "no se conoce si se mantendrán o no".

Además, reprocha a la Junta que esta media va en dirección contraria al impulso que buscan dar el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas en el plan de choque en el que trabajan para el impulso del sistema para la autonomía y atención de la dependencia.

 
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