08-10-2020 / 13:51 h EFE

Las personas que ocupen ilegalmente viviendas sociales de titularidad de la comunidad autónoma se enfrentarán a multas de entre 15.000 y 90.000 euros, mientras que las mafias y organizaciones que insten e inciten a esas ocupaciones tendrán sanciones de 3.000 a 15.000 euros, según el decreto aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno.

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha presentado el proyecto, que deberá ahora ser ratificado por la Asamblea Regional de Murcia, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha puesto de relieve el papel disuasorio que pretende tener esta norma, la primera que publica una comunidad autónoma en España en ese sentido.

De las en torno a 1.078 viviendas que hay ocupadas ilegalmente en la Región de Murcia, más de un centenar son viviendas sociales de la comunidad, las únicas a las que afectará la nueva normativa, dado que las competencias sobre viviendas de particulares o propiedad de bancos quedan fuera de las competencias del Gobierno regional, ha explicado.

No obstante, se ha observado un incremento del 20 por ciento en las denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas, que según datos del Ministerio de Interior, fueron 147 en el primer semestre de 2019 y 176 el mismo periodo de 2020, lo que ha llevado al ejecutivo a tomar medidas contundentes en esta materia.

La ocupación de viviendas sociales, ha advertido Díez de Revenga, tiene además el problema añadido de que se está usurpando el derecho a la vivienda a familias vulnerables, provocando un especial daño social.

También se ha referido a los problemas de “conflictividad social” que están generando los ocupas en los barrios en los que se da ese fenómeno, así como la proliferación de mafias y organizaciones criminales que llegan ya a vender o alquilar propiedades previamente ocupadas.

Además del régimen sancionador, el decreto incluye otras novedades como la creación de un canal de denuncias de forma anónima para proteger la identidad de los denunciantes, que en muchas ocasiones son amenazados por los ocupas, ha indicado el consejero.

También será obligatorio para los ayuntamientos notificar los casos de ocupaciones detectados en sus municipios, de manera que la información se centralice en la administración autonómica, y las empresas de suministros deberán también comunicar los casos de posibles ocupaciones que detecten.

En cuanto al perfil de los ocupas, Díez de Revenga ha indicado que “la casuística es amplia” pero se asocia cada vez más y de manera creciente a mafias y organizaciones criminales que a familias vulnerables y con necesidades, pues para ellas ya existen otros mecanismos de acceso a la vivienda a través de los servicios sociales y de la propia comunidad autónoma.

Sobre esas mafias, ha indicado que no existen datos oficiales pero, en muchos casos, se trata de organizaciones que operan a nivel nacional y se desplazan de unas comunidades a otras, y este decreto pretende disuadirlas y evitar su entrada en la región.

La comunidad autónoma ya ha activado también todos los mecanismos legales para reclamar la restitución de las viviendas sociales ocupadas, como “un afectado más” de este problema social, y ha insistido en que la usurpación de viviendas es “un atentado contra el estado democrático” porque se trata de una propiedad privada, sea cual sea su naturaleza.

“Empezar a relativizar el derecho a la propiedad privada socava el ordenamiento jurídico”, ha advertido.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Mayo 2021
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD