02-10-2020 / 18:11 h EFE

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha apostado este viernes por un Pacto de Estado que "blinde" el sistema de la dependencia frente a los "vaivenes políticos".

Ruiz ha participado en la reunión por videoconferencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales, en la que se ha abordado la puesta en marcha de un plan de choque para la dependencia.

Sobre el citado plan, ha asegurado que lo que propone la Junta de Andalucía "va más allá" y ha defendido que hay que abordar la atención a la dependencia de forma integral y preventiva.

"Proponemos un plan de choque más realista y que avance hacia un Pacto de Estado por la dependencia", ha señalado en un comunicado, en el que ha asegurado que es "el momento de llegar al consenso y al diálogo social para conseguir, no solo una financiación justa y equilibrada, sino un presupuesto en el tiempo para cuando se acabe el plan de choque".

En este sentido, ha apostado por la constitución de una caja única, un fondo de financiación estable "que no dependa de los vaivenes políticos ni de ningún gobierno, sino que es un derecho subjetivo de las personas en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones".

"Es el momento de avanzar en el Pacto de Estado independientemente de hacer un plan de choque en situaciones de emergencia y necesidad como la que nos encontramos ahora como consecuencia de la pandemia por la covid-19", ha remachado.

Por otro lado, ha hecho hincapié en el problema que ha supuesto que la Ley de Dependencia "naciese infrafinanciada" y con unos cálculos de personas usuarias para 2020 que se cumplieron en 2010.

"Queremos revisar el nivel de usuarios que tenemos teniendo el cuenta el envejecimiento de la población, el nivel de dependencia; queremos hablar de prevención, cuidados intermedios, sin demonizar a todos los centros", ha agregado.

Andalucía ha reclamado además al Gobierno un Real Decreto de simplificación de trámites, que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ya tiene en marcha a nivel autonómico.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha decidido abrir un proceso de diálogo con las comunidades y esperar a que estas hagan sus propuestas, antes de aprobar el Plan de Choque de Dependencia, que contempla un aumento de la financiación del Estado de 600 millones de euros.

Según han explicado a Efe fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Gobierno quiere consensuar las medidas previstas en el plan para tres años (2021-2023) antes de su aprobación definitiva, que podría ser en dos o tres meses, y así se lo ha manifestado a las comunidades este viernes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales.

El plan del Gobierno prevé mejorar las prestaciones económicas para la dependencia, incrementar las horas de atención a domicilio o agilizar los trámites, además de la creación de 24.000 empleos en su primer año de implementación.

 
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