01-10-2020 / 9:50: h EFE

Una inmobiliaria ha sido condenada por un juzgado de Valencia a pagar 900 euros, más el interés legal desde julio de 2019, como devolución de la señal abonada para el alquiler de una vivienda al no cumplir los requisitos de espacio, movilidad y accesibilidad necesarios para una persona con movilidad reducida.

El Juzgado de Primera Instancia 10 de Valencia, en una sentencia del 28 de septiembre, condena al pago de esta cantidad a Galival 2017 Consultores Inmobiliarios S.L. y argumenta que hay que atender al contenido de reserva que establece expresamente que la entrega de la señal se efectuaba sin haber visitado la vivienda y que, en caso de no interesar al demandante, este podía exigir la restitución de la cantidad.

Por ello, la falta de firma del contrato de arrendamiento faculta al cliente para exigir la restitución de la cantidad entregada, según recoge el fallo, facilitado a EFE por la Unión de Consumidores.

El afectado acudió con su pareja sentimental a la inmobiliaria para alquilar una vivienda que debía reunir unos requisitos mínimos imprescindibles para una persona con movilidad reducida. En un primer momento se les ofreció una vivienda, que se les enseñó desde la calle, garantizándoles que reunía los requisitos que ellos solicitan, y por la que abonaron la cantidad de 900 euros en concepto de reserva del piso.

La inmobiliaria se comprometía en ese documento a la devolución de las cantidades sin penalización, si finalmente no les gustase o no se adaptase a las necesidades de los futuros inquilinos.

Tras visitar la vivienda disponible, comprobaron que no reunía las condiciones y requisitos para que pudiera ser utilizada por la pareja, por lo que comunicaron a la inmobiliaria que no podían arrendarla, y lo mismo ocurrió con otras viviendas que les ofrecieron.

Le reclamaron la devolución de la cantidad que abonaron en concepto de reserva, pero la inmobiliaria hizo caso omiso a sus peticiones y la Unión de Consumidores, en su representación, inició ante la mercantil la mediación y reclamó por la vía extrajudicial la devolución de la cantidad entregada en concepto de reserva.

Finalmente, y tras no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la inmobiliaria, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana inició un procedimiento judicial contra la inmobiliaria en reclamación de los 900 euros.

La Unión de Consumidores ha instado al sector inmobiliario a actuar "en beneficio de sus clientes y a prestar el mejor asesoramiento inmobiliario posible con profesionalidad y respeto a sus derechos como personas consumidoras".

Igualmente, aconseja a los usuarios de servicios inmobiliarios elegir a empresas profesionales de confianza y a revisar la documentación y que sea fiel reflejo de sus peticiones.

Pide que acudan a una asociación de consumidores para evaluar las posibles alternativas cuando vean rechazada su reclamación o la mediación que hayan podido realizar antes los organismos públicos de consumo, y poder defender de forma efectiva, rápida y eficaz sus legítimos derechos, añade en un comunicado.

 
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