28-09-2020 / 15:21 h EFE

Los siete acusados de formar parte de una red de trata que traa mujeres de Nigeria en patera para obligarlas a prostituirse en Espaa, entre los que se encuentra una mujer domiciliada en Gijn, se han acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Cantabria.

Los acusados, cinco mujeres y dos hombres, todos de nacionalidad nigeriana, se enfrentan a penas de entre 36 y 2 aos de crcel por delitos de trata de seres humanos, prostitucin coactiva y ayuda a la inmigracin ilegal.

Segn la Fiscala, formaban una red asentada en Espaa, Italia, Libia y Nigeria que captaba a mujeres del pas africano en situacin de "seria precariedad econmica", y les ofreca "trabajo y oportunidades" en Espaa, ocultndoles "en la mayora de los casos" que tendran que ejercer la prostitucin.

Las mujeres eran trasladadas a Libia, atravesaban el Mediterrneo en patera hasta Italia y desde all eran conducidas a territorio espaol, donde se les obligaba a prostituirse para pagar "la deuda" de 30.000 euros que supuestamente haban contrado con la organizacin.

Adems, segn el escrito de acusacin de la Fiscala, eran sometidas a un rito vud, de "profundo arraigo espiritual en la cultura nigeriana" mediante el que juraban obediencia a los miembros de la organizacin y se comprometan a pagar la deuda para que no cayera sobre ellas y sus familias una desgracia mayor, incluso la muerte.

En este primer da de juicio, que se prolongar hasta el prximo martes, 6 de octubre, los acusados no han querido responder ni a las preguntas de la fiscal ni a la de sus abogados.

Adems todas las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefnicas que fueron autorizadas por un juzgado de Valencia, y con ellas de toda la causa, peticin que no ha sido admitida por la magistrada de la Seccin Primera de la Audiencia de Cantabria.

Las defensas consideran que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones de los acusados con una escuchas que solo se basan en la declaracin que hizo en comisaria una de las supuestas vctimas de la red, y testigo protegido en la causa.

La fiscal ha calificado de "sorprendente" que se argumente que la declaracin de una testigo protegido es causa de anulacin cuando adems, ha aadido, la polica no tena otra forma de localizar a otra posible vctima de la red para rescatarla, y ha subrayado que el auto que autoriz las escuchas est "perfectamente motivado".

La juez ha desestimado la peticin de las defensas porque entiende que existen "indicios slidos" para los escuchas por las razones que ha expuesto la fiscal, quien ha solicitado la reproduccin en la vista de una parte de esas conversaciones, mantenidas en el idioma materno de los encausados.

Entre los acusados se encuentran un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres con domicilio en Vizcaya, Gijn y Lrida, quienes presuntamente se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas.

Tambin est acusada una mujer que ejerca la prostitucin de manera voluntaria y que tena por misin vigilar a una de las vctimas.

El sptimo acusado es un hombre residente en Npoles que presuntamente reciba a las chicas a su llegada desde Libia y les proporcionaba la documentacin falsa para viajar por Europa.

 
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