28-09-2020 / 14:03 h EFE

Un juez ha anulado la paga extra de 1.300 euros que el Ayuntamiento de Oviedo concedió a 64 agentes de la Policía Local tras estimar los recursos del Grupo Municipal Socialista y el sindicato CSIF.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo ha declarado nulo el acto administrativo por el que tres concejales del equipo de gobierno municipal y tres representantes del sindicato Sipla acordaron repartir una paga extra de 1.300 euros entre 64 policías.

El juez ha estimado así sendos recursos contencioso-administrativos que habían interpuesto el portavoz socialista, Wenceslao López, y CSIF contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 2019 al considerar que era contrario a derecho y, por tanto, nulo.

CSIF alegaba la existencia de una vulneración de derechos fundamentales al tratarse de un acuerdo extrajudicial entre el Sipla y el ayuntamiento para abonar la paga extra a 64 trabajadores del área de Seguridad Ciudadana y renunciar así a la vía judicial además de sostener que se había negociado y acordado fuera de la mesa de negociación exigida por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, Wenceslao López, en representación del Grupo Municipal Socialista, alegaba en la demanda que el procedimiento que dio lugar al acuerdo extrajudicial afectaba a siete personas y no a los restantes 57 agentes que también figuran en el acto impugnado.

López mantenía que se había ocultado el texto completo del acuerdo extrajudicial y la existencia de informes que se mencionaban en el expediente, de manera que el acuerdo adquirió fuerza antes de su ratificación por la Junta de Gobierno Local y no se tuvo en cuenta el costo de 83.200 euros, sin que hubiese mediado una consulta preceptiva al Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

El juez les ha dado la razón en sus pretensiones al considerar que la negociación se llevó a cabo con un solo sindicato “prescindiendo total y absolutamente de las vías establecidas al efecto”, señala la sentencia.

Además, esta actuación, a juicio del magistrado, carece de una “clara y precisa motivación”, en el sentido de determinar los excesos horarios en que hubiese incurrido cada uno de los 64 beneficiados, y privando, entre otros, tanto a CSIF como al PSOE de poder participar en la negociación y, en su caso, en la adopción de las decisiones que son de especial trascendencia para la gestión del personal y el presupuesto municipales.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación.

 
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