07-09-2020 / 19:29 h EFE

Un total de 51.346 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con motivo de la pandemia han solicitado a la Junta de Castilla y León la ayuda complementaria de 210 euros mensuales.

Este dato lo ha ofrecido la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que ha comparecido ante la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León para explicar las bases reguladoras para la concesión de esta prestación que causaron un enfrentamiento con los sindicatos y los empresarios.

La consejera de Empleo e Industria ha explicado que se trata de un dato provisional puesto que ahora es preciso acabar la tramitación tras las correspondientes comprobaciones.

De estas solicitudes, 10.237 se han presentado de manera telemática, a pesar de que en el inicio del plazo hubo problemas en la tramitación que se solventaron con rapidez.

Por provincias, las solicitudes correspondieron 3.257 a la de Ávila, 6.392 a la de Burgos; 9.267 a la de León; 3.588 a la de Palencia; 8.264 a la de Salamanca; 3.505 a la de Segovia; 1.926 a la de Soria, 12.067 a la de Valladolid, y 3.082 a la de Palencia.

Según ha explicado la consejera, para la tramitación de las ayudas la Consejería de Empleo e Industria ha reforzado el personal dedicada a esta tarea y agilizarla al máximo de manera que son 217 las personas que se dedican a ello.

La consejera ha explicado que estas ayudas están destinadas a los afectados por ERTE por causas de fuerza mayor y ha argumentado que con ellas se trata de proteger a los trabajadores que resultan más afectados y se encuentran más desprotegidos, por lo que se concentran en los pertenecientes a empresas de menos de 250 trabajadores.

Ha recordado que la dotación del gasto para estas ayudas, complementarias de las del Estado, está limitado a 6 millones de euros, por lo que en las bases se han circunscrito a los más trabajadores más afectados por los ERTE.

Ana Carlota Amigo, ante las críticas de sindicatos y empresarios por la limitación de las bases reguladoras, ha afirmado que las ayudas se adaptan "a la realidad" y ha insistido en que su concesión se tiene que centrar en las necesidades "de los más vulnerables".

 
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