24-08-2020 / 16:49 h EFE

El fiscal del Tribunal Supremo, Javier A. Zaragoza, ha opinado que la decisión de la justicia belga de rechazar la orden europea de detención emitida por España contra el ex conseller Lluis Puig es "arbitraria", "insostenible jurídicamente" y, además, "quiebra" la cooperación judicial europea.

El pasado 7 de agosto, el tribunal de Primera Instancia de Bruselas rechazó la extradición de Puig por presunta malversación de caudales públicos en el 1-O y por desobediencia, alegando que el alto tribunal español no es competente para reclamar su entrega.

En un artículo publicado este lunes en La Vanguardia, el fiscal del Supremo critica la resolución del tribunal de Bruselas, al afirmar que es "insostenible jurídicamente" declarar incompetente al órgano judicial español que emitió la euroorden.

Zaragoza señala que el tribunal belga sustenta la falta de competencia del Supremo en este caso en un "socorrido dictamen" del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de fecha 25 de abril del 2019, que fue presentado a instancia de las defensas, y que el Tribunal Supremo rechazó en un auto dictado en de junio del 2019, con "argumentos de una solidez y una consistencia indiscutibles".

Además, la justicia belga sostiene que los hechos sometidos a juicio habían ocurrido exclusivamente en el territorio de Cataluña y que la competencia correspondía únicamente al Tribunal Superior de Justicia de la citada comunidad autónoma.

"Ni una ni otra afirmación son ciertas. Algunos de los hechos sujetos a investigación fueron cometidos y produjeron efectos fuera del territorio catalán, en particular los relacionados con las corruptelas del uso de fondos públicos con fines delictivos y para financiar el golpe de Estado que se estaba gestando en aquellos momentos", defiende Zaragoza.

Asimismo, señala que la decisión de Bruselas de denegar la extradición del exconseller "quiebra, una vez más, los principios fundamentales de la cooperación judicial europea: "Con decisiones como esta se puede afirmar, sin ninguna duda, que el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, basado en los postulados del reconocimiento mutuo y de la confianza recíproca, ha fracasado", agrega Zaragoza en su artículo.

Para el fiscal del Supremo, el tribunal belga ha optado por erigirse en una especie de jurisdicción constitucional europea y entrar en el análisis de un problema que solo puede ser resuelto por la justicia española.

Por todo ello, el fiscal del Supremo concluye que la justicia belga "ha vuelto a incumplir palmariamente la legislación europea" y "se ha arrogado unas atribuciones que no le competen".

En este sentido, ve "muy probable" que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "acabe condenándola nuevamente por violar el deber de cooperación" al denegar de forma "arbitraria e infundada" la orden europea de detención emitida contra por el Tribunal Supremo.

"Como era de esperar, ninguna institución española o europea, política o judicial, ha reaccionado frente a tan singular despropósito, cuyas consecuencias son de una enorme gravedad y representan un rejón de muerte para la cooperación judicial europea", opina el fiscal.

 
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