21-08-2020 / 13:10 h EFE

Facua ha criticado este viernes la "inacción" del Gobierno andaluz a la hora de salvaguardar a los consumidores cuando realizan compras a través de internet y ha asegurado que, ante las reiteradas peticiones de medidas de protección, siguen sin recibir respuestas.

En concreto, esta organización afirma que se dirigió en julio a las consejerías de Economía y Salud, competentes en materia de comercio y consumo, solicitarles más protección de los usuarios en las compras "online".

"Solo ha respondido la Dirección General de Comercio para informar de que no ha aplicado aún medidas para evitar los abusos o fraudes que vienen repitiéndose año tras año en esta modalidad de comercio, a pesar de que se comprometió a poner en marcha un protocolo de actuación en el segundo semestre de 2020", ha explicado la federación en un comunicado.

En opinión de Facua, no se está creando un espacio seguro y transparente para los consumidores, ya que a mayor digitalización del mercado existe "menos controles y se detectan más comportamientos abusivos y contrarios" a sus derechos.

Las herramientas de inspección "o no existen o son insuficientes para corregir y disuadir el mercado", ha advertido.

Según esta organización de consumidores, el 67 % de las acciones de inspección de páginas web han derivado en actas positivas, lo que indica que se ha detectado en ellas algún tipo de infracción en materia de protección de los consumidores.

Uno de cada cuatro productos inspeccionados no informan del derecho de desistimiento que asiste a los usuarios, mientras que en un 9,8 % de los casos no se indica a los usuarios que deberán asumir el coste de la devolución en caso de desistir.

Además, un 10,8 % de los comercios no facilitan a los consumidores la confirmación del contrato en un formato duradero y en un plazo razonable tras la celebración del mismo.

Otro dato llamativo es que el 40 % de los contratos analizados por el Servicio de Inspección de Consumo en 2019, estudiado por Facua, incluían alguna cláusula que podría considerarse abusiva.

Pese a estas situaciones, censura que la Administración, cuando detecta una infracción en materia de protección de los consumidores, no adopta medidas cautelares para evitar que pueda repetirse, como puede ser la suspensión de la página web hasta la subsanación del error.

 
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