14-08-2020 / 11:10 h EFE

La Asesoría Jurídica General de la Xunta ha emitido un informe en el que indica que no hay “causa justa” para cesar la actividad marisquera en la ría de O Burgo antes de licitar las obras de dragado, tal y como ha pedido el Gobierno central, informa el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno gallego ha trasladado a la cofradía de pescadores de A Coruña el informe que indica que no existe “ningún obstáculo” en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para que el Estado pueda licitar los trabajos.

Así se lo han trasladado a los mariscadores la conselleira del Mar en funciones, Rosa Quintana, y la conselleira de Infraestructuras y Movilidad en funciones, Ethel Vázquez, en una reunión.

El documento, apunta la Xunta en un comunicado, considera que la postura defendida por el Gobierno central “no es razonable” y señala que el “mero hecho” de que haya actividad marisquera en la zona “no limita la disponibilidad de los terrenos ni la realización de los trámites necesarios para la licitación del contrato”.

En este sentido, incide en que la Administración estatal fundamenta su posición en un entendimiento poco “informado, formalista y equivocado” del trámite de replanteo del proyecto, previsto en la legislación de contratos del sector público.

Así, el informe de la Xunta concluye que la disponibilidad de los terrenos está “plenamente asegurada”, ya que la Consellería del Mar trasladó en varias ocasiones su compromiso de suspender la actividad marisquera en el momento de ejecución de los trabajos.

La cofradía de pescadores de A Coruña trasladó su intención de cesar la actividad cuando comiencen las obras, asegura la Xunta.

El documento incide además en que los títulos para la extracción marisquera que otorga el Ejecutivo gallego no llegan a amparar la ocupación del dominio público, pues solo autorizan la actividad extractiva.

La Ley de Costas, asegura este escrito, concede al Estado “amplias potestades de recuperación de oficio, suspensión de actividades y desalojo de los terrenos” de los que es titular.

Por tanto, la Asesoría Jurídica de la Administración autonómica defiende que no pueden alegarse “temores irracionales sobre hipotéticas paralizaciones en el dragado” por la existencia de autorizaciones marisqueras y subraya que el Gobierno central cuenta con las potestades que le otorga la Ley de Costas para el “improbable” caso de incumplimiento de la paralización del marisqueo.

De hecho, indica que lo más lógico sería hacer el replanteo del dragado recogiendo la existencia de actividad marisquera en la zona y dejando constancia de esas garantías con las que cuenta -tanto de la Consellería del Mar cómo de la cofradía- para la realización de la obra.

En esta línea, la Xunta insiste en que es “irracional” que el Estado pretenda parar la actividad marisquera antes de la licitación de los trabajos.

Por todo esto, la Asesoría Jurídica de la Xunta defiende que la postura del Estado no tiene sustento en Derecho y que debe calificarse de "no razonable" al pretender “que se impida sin necesidad y sin causa justa la actividad marisquera, produciendo un grave perjuicio a las personas que tienen como medio de vida a actividad extractiva”.

Finalmente, la Xunta le ha pedido al Gobierno del Estado que certifique que dispone del crédito necesario y suficiente para poder ejecutar las obras, ofreciendo garantías de que va a acometer lo antes posible el dragado de la ría del Burgo.

 
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