12-08-2020 / 19:51 h EFE

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia ha condenado la "agresión" a médicos en el consultorio de la pedanía archenera de La Algaida y pedido más seguridad en los centros de salud y Podemos ha estimado que su cierre en crisis de coronavirus es "un desprecio a la población".

El foro, formado por el Colegio de Médicos, el sindicato de facultativos CESM, las sociedades de Medicina Familiar y Comunitaria, la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, de Médicos Generales y de Familia y de Médicos de Atención Primaria, considera en una nota que "las actuaciones agresivas de una minoría de pacientes no se pueden tolerar ni quedar impunes".

Habla de que los centros sanitarios de Murcia abiertos están sometidos a una presión asistencial del 200 %, con jornadas de trabajo prolongadas más allá de la hora establecida y con la asistencia a más de 60 pacientes al día de forma telefónica, telemática y presencial, además de las visitas a domicilio.

A ello se suma el incesante aumento del número de pacientes con coronavirus a los que hay que controlar diariamente, así como realizar el rastreo de sus contactos y su seguimiento de estos, ya que el número de rastreadores contratados es "claramente insuficiente".

Al déficit estructural de base de las plantillas se le suma la falta de sustitución de los profesionales de vacaciones, por lo que "la situación está claramente desbordada en la gran mayoría de los centros", por lo que solicita la contratación inmediata de refuerzos en atención primaria para evitar su colapso antes de llegar al "temido otoño" como estamos, en situación de pandemia.

Desde Podemos consideran una "irresponsabilidad imperdonable" del Gobierno murciano, que "lejos de solucionar ningún problema, lo que hace es poner en riesgo la salud pública en toda la zona".

Exigen "mayor seriedad al afrontar un problema como el de las agresiones al personal sanitario", dado que "la solución no pasa por dejar desatendida a una población en la que viven 2.600 ciudadanos y ciudadanas cuyo acceso a la sanidad pública debe estar garantizado".

 
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