04-08-2020 / 13:41 h EFE

La Junta de Castilla y León ha iniciado la modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para asegurar la cobertura económica mínima que tenían sus preceptores antes de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha informado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Con la publicación hoy en Gobierno Abierto del borrador del anteproyecto de Ley de modificación del texto legislativo de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se abre un período, hasta el 10 de agosto, para que particulares, entidades, administraciones y sociedad en general puedan tener participación y aportar sus alegaciones a la modificación de esta Ley.

Según los datos disponibles en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital el pasado 1 de junio, solo 1.503 familias perceptoras de la RGC han percibido dicha prestación nacional.

De ellas, más de 400 han recibido una nómina inferior a la que percibían en la Renta Garantizada de Ciudadanía, incluso inferior a los 461,5 euros establecidos como mínimos del Ministerio.

Ante esta baja cobertura de atención por parte del Estado, que ya se desveló con su nómina de junio, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades convocó el 15 de julio la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía constituida en el marco del Diálogo Social.

La reunión se centró en analizar el escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital en los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y avanzar en cuantas medidas sean necesarias para adaptarla a las necesidades reales de las familias más vulnerables de Castilla y León.

En ella, la Consejería y los integrantes del Diálogo Social -CECALE, CCOO y UGT- acordaron que ningún perceptor de Renta Garantizada de Ciudadanía se viera perjudicado económicamente con motivo del Ingreso Mínimo Vital del Estado y que, a través de una modificación normativa, se garantizara la cobertura económica mínima que tenían las familias a través de la RGC previa a la implantación del IMV.

Se trata de que estas familias puedan hacer frente a sus necesidades básicas.

El anteproyecto de modificación de la Ley de RGC que se ha colgado hoy en Gobierno Abierto prevé que la Renta Garantizada sea complementaria al Ingreso Mínimo Vital cuando las familias reciban del Estado una cuantía inferior a la que venían percibiendo por la Junta de Castilla y León, garantizado la diferencia que han dejado de percibir para no tener ninguna merma de sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte, las familias de Castilla y León que han percibido el Ingreso Mínimo Vital por cuantía igual o superior a la Renta Garantizada de Ciudadanía empezarán a recibir exclusivamente dicho ingreso del Estado, ya que la prestación de Castilla y León está prevista como la última red de protección respecto a cualquier prestación y, por tanto, es subsidiaria y posterior a la concesión del Ingreso Mínimo Vital del Estado.

El resto de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León seguirán recibiéndola hasta que el Estado resuelva el Ingreso Mínimo Vital.

En la nómina del mes de julio recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía 9.184 familias.

La RGC es un derecho subjetivo implantado hace 10 años en Castilla y León y garantizado por Ley, de la que se han beneficiado una media de 15.000 familias cada año, destinándose aproximadamente 60 millones de euros al año.

Desde el 15 de junio, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Entre estas iniciativas figura el envío de una carta informativa con la repercusión del Ingreso Mínimo en la Renta de Castilla y León, la coordinación con el 012, corporaciones locales y entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, y la habilitación de cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada provincia para labores de apoyo y asesoramiento.

Por eso, la Consejería ve muy necesario vincular el IMV a la inserción social y laboral de las personas que lo reciban, como así está establecido con la Renta Garantizada de Ciudadanía, han precisado dichas fuentes.

 
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