28-07-2020 / 15:02 h EFE

La Asociación Española de Carreteras (AEC) ha cifrado en 7.463 millones de euros el déficit de inversiones en la conservación de las vías, un 5,7 % más que dos años antes, y ha llamado a aprovechar la Ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno para definir un sistema de financiación propio que incluya el pago por uso.

Según el informe "Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras en España 2019-20" que ha presentado este martes la AEC, tanto la red viaria del Estado como la de las comunidades autónomas presentan un "empeoramiento" dentro de su estado de mantenimiento "deficiente", con uno de cada diez kilómetros en situación "muy deficiente" que afecta a deterioros graves en la más de la mitad del pavimento.

De los 7.463 millones con los que se revertiría la situación, 2.376 corresponden a la red que gestiona el Estado (25.000 kilómetros) y 5.087 millones, a la de los gobiernos autonómicos y forales (75.000 kilómetros), lo que supone un déficit de inversiones acumulado entre 2017 y 2019 del 7,5 % en la Red de Carreteras del Estado y del 5 % en las de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.

Según el estudio, el estado del pavimento en las carreteras titularidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) baja su nota en un 7 % con respecto a 2017, mientras que las vías autonómicas empeoran un 3 %.

El presidente de la AEC ha aseverado que a luz de los datos las carreteras españolas no son seguras, ni verdes, ni están conectadas y ha comparado las consecuencias ambientales con un "impuesto encubierto que pagan los españoles asociado al mal estado de conservación de las carreteras".

Un buen estado de conservación de la red viaria -ha explicado- podría suponer descensos del 9 % en las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y del 6 % en los pesados.

En un escenario "muy negativo" que se acentúa por la situación económica actual, esta falta de conservación hace mella en un patrimonio valorado en 215.000 millones, que desde 2009 ha sido "ignorado por los ajustes en los presupuestos", ha señalado.

A su juicio, la "única solución pasa por la definición de un espacio de financiación propio, global y sostenible que habría de nutrirse con recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, de los fondos europeos y de sistemas de pago directo".

Tras recordar que la semana pasada se abrió a consulta pública previa el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, ha hecho hincapié en la oportunidad que supone para "desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación del stock de infraestructuras en el marco de la normativa europea".

Aunque ha declinado pronunciarse sobre el sistema finalista que tiene que arbitrarse, ha subrayado que la tasa por uso se da en todos los países de la Unión Europea y que en 23 países de ellos tienen tarificados el cien por cien de la red, frente al 15 % de España.

Ha advertido de que sin este tipo de medidas en pocos años habría que afrontar una reconstrucción de la red mucho más costosa y ha abogado por el "consenso político" para articular un sistema de financiación de infraestructuras en general y en particular de la red viaria, a la que consideran servicio publico esencial.

Asturias, La Rioja y Aragón son las tres comunidades que presentan un peor estado de conservación de sus carreteras, aunque las dos primeras han mejorado en el último año y presentan una tendencia positiva.

 
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