27-07-2020 / 17:40 h EFE

Las palabras de una concejal de JxCat en Tiana (Barcelona), que culpó a tres exalcaldes -dos socialistas y un independiente- de la crisis vivida durante la pandemia en una residencia de ancianos intervenida por la Generalitat e investigada por la Fiscalía, han generado una agria polémica en el municipio.

La controversia afloró hace dos semanas durante el pleno municipal, celebrado telemáticamente, cuando la edil Marta Guàrdia aseveró que el actual gobierno local, que lidera ERC en coalición con JxCat y el PSC, ha "heredado" los problemas de la residencia de Sant Cebrià, de titularidad municipal y en la que ha fallecido una treintena de ancianos por COVID-19.

"Si quieren buscar algún culpable vayan a los tres anteriores alcaldes, porque esto nos ha venido de rebote (...). Si nos mojamos, nos mojaremos todos. Ya estamos cansados de que nos digan que somos culpables. Pues no, porque nos viene heredado", sostuvo durante el pleno la responsable de Bienestar Social, Ciclos de Vida y Cultura.

Estas declaraciones irritaron a los tres predecesores de la actual alcaldesa, la republicana Marta Martorell, hasta el punto de que han emitido un comunicado conjunto en el que exigen el cese inmediato de Guàrdia y piden que se investigue si ha incurrido en algún tipo de irregularidad como responsable de la residencia.

Los tres exalcaldes -Ferran Vallespinós (1995-2007) y Esther Pujol (2011-2019), del PSC, y Emili Muñoz (2007-2011), de Gent pel Progrés- consideran que las palabras de Guàrdia constituyen una "acusación gratuita" para "esconder sus responsabilidades sobre los hechos ocurridos durante el mes de marzo de 2020".

Aseguran en su comunicado conjunto que el "drama de víctimas de Tiana es singular en Cataluña", especialmente porque el ejecutivo "tenía todos los instrumentos legales para inspeccionar, controlar y dar apoyo complementario si lo hubieran necesitado".

La residencia de Sant Cebrià es una de las que está investigando la Fiscalía, que ha abierto diligencias en decenas de centros de ancianos de todo el país para aclarar lo sucedido durante la crisis del coronavirus, y sobre ella pesan dos denuncias, una interpuesta por la propia alcaldesa y otra por familiares de ancianos por cinco presuntos delitos de homicidio imprudente.

 
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