10-07-2020 / 10:10 h EFE

Cuatro de cada diez personas atendidas en los servicios de orientación laboral, un 42,8 %, encuentran trabajo en medio año y el 52,7 % a los doce meses. Por cada euro invertido en proporcionar este servicio, el ahorro en prestaciones y subsidios tanto del Estado como de Navarra fue de 1,5 y 1,9 euros, respectivamente, informa el Gobierno Foral, que indica que a esta cantidad se añaden los beneficios derivados del cobro de salarios.

El grado de satisfacción de los usuarios fue de 7,1 sobre 10, cinco décimas más que la valoración obtenida en un análisis similar realizado en 2016. Además, cerca del 70 % consideró que este servicio le proporcionó herramientas para mejorar su empleabilidad y acceso al mercado; y el 67 % calificó como útil la atención recibida.

Estas son algunas de las conclusiones de la evaluación de la orientación a través de entidades contratadas por el Servicio Navarro de Empleo–Nafar Lansare, organismo que realizó el estudio de cara a la nueva licitación de los servicios que publica el Portal de Contratación del Gobierno. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el 16 de agosto.

El informe detecta avances en la homogeneización de la gestión con las entidades de orientación contratadas pero sugiere la necesidad de introducir cambios para mejorar la empleabilidad de las personas atendidas, que en la fase anterior a la crisis sanitaria pertenecían de forma relevante a perfiles con mayores dificultades de inserción.

Como ejemplo cita que solo el 14 % realizó cursos de formación para el empleo, vía necesaria para adecuar los perfiles a las demandas de las empresas.

De acuerdo con la evaluación, la inserción es mayor cuanto mayor el grado formativo de las personas y menor entre colectivos que perciben renta garantizada o en personas paradas de larga duración.

Respecto a las inserciones, optaron por el autoempleo el 7,5 % y 6,8 % de las personas reincorporadas al mercado laboral, según periodo analizado (seis primeros meses o seis siguientes). Más de la mitad de los contratos fueron temporales (59,3 % y 55,2 %), un 20,6 % y 24,7 %, indefinidos.

Con esta información se ha diseñado la nueva licitación que introduce modificaciones. Los actuales contratos concluyen el 31 de diciembre y los nuevos se adjudicarán para que entren en vigor el 1 de enero de 2021, con un precio máximo anual de 1.745.472,44 euros (IVA excluido), 7.505.531 euros para los cuatro años máximos de vigencia, dado que los contratos son prorrogables hasta el 31 de diciembre de 2024.

La previsión es atender a un máximo de 10.700 personas al año, apunta el Gobierno que explica que solo habrá tres lotes y una única entidad adjudicataria por lote: lote 1, atención a personas con discapacidad; lote 2, atención a personas en situación o riesgo de exclusión; y lote 3, resto de personas usuarias. Hasta ahora había cinco lotes, con 18 entidades adjudicatarias.

Además, según subrayan, se potencia un modelo de servicio de orientación abierto, flexible en su proceso, en el que cada persona reciba el número de atenciones que necesita, y se incluyen tareas de prospección del mercado laboral, hasta un 10 % de la jornada.

Al no existir un convenio colectivo aplicable al servicio de orientación profesional, se ha fijado como obligatorio un salario anual bruto mínimo de 25.000 euros para el personal Orientador, más los costes de la Seguridad Social.

 
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