09-07-2020 / 14:31 h EFE

El Consejo de Gobierno ha acordado la adhesión de la Comunidad al Compartimento de Facilidad Financiera por valor de 378,9 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación correspondientes al tercer trimestre de 2020, lo que ayudará a contar con recursos financieros para atender las necesidades de liquidez en un contexto de crisis.

Como ha informado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se trata de una operación a un plazo de 12 años -cuatro años de carencia y 8 de amortización- y el tipo de interés será el del rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente.

Esto "supone un ahorro en gastos financieros respecto del coste que le correspondería asumir a la Comunidad si optara por acudir a los mercados financieros", ha argumentado el Ejecutivo autonómico.

En julio de 2019, la Consejería de Economía y Hacienda solicitó la adhesión de Castilla y León al Fondo de Facilidad Financiera para cubrir las necesidades de endeudamiento para 2020, al cumplir la Comunidad los requisitos previstos en el Real Decreto-ley 17/2014, y tras considerar los potenciales beneficios que se pueden obtener del ahorro de intereses y al no ser necesaria la elaboración de un plan de ajuste.

La totalidad de las cantidades atribuidas a la Comunidad hasta el momento para el ejercicio ascienden a 1.125,78 millones de euros. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, mediante acuerdos de 31 de enero, 20 de marzo y 14 de mayo de 2020 ha venido asignando a Castilla y León distintos importes -224,46 millones, 291,38 millones y 231 millones de euros, respectivamente- que acumulan un total de 746,84 millones de euros, a los que hay que sumar estos 378,9 millones para el tercer trimestre, para cubrir las necesidades de endeudamiento del ejercicio 2020.

La deuda viva de la Comunidad ascendía a 12.780 millones de euros a 31 de marzo de 2020, según la estadística del Banco de España, lo que equivale al 21,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) y sitúa a Castilla y León como la novena autonomía más saneada, 2,7 puntos por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 24,1 % del PIB nacional.

 
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