09-07-2020 / 13:40 h EFE

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha avalado al ingreso mínimo vital aprobado recientemente por el Gobierno de España como una prestación "suelo" que ayudará a que la renta garantizada de ciudadanía -la prestación homóloga autonómica- se centre en las "peculiaridades" de la Comunidad.

Así lo ha expresado Amilivia este jueves en la presentación en las Cortes ante la comisión de Economía y Hacienda del informe de fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía correspondientes al año 2015, donde ha expuesto la situación de estas ayudas y ha remitido a la Cámara cuarenta propuestas para su mejora.

Como ha explicado el presidente del Consejo de Cuentas, el gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones de euros, el 9 por ciento del total de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitad del gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que en Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente.

Así, Amilivia ha destacado que el gasto en la renta garantizada de ciudadanía ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor en 2011, cuando el gasto representó 28 millones de euros, que en 2016 se elevó en 3 millones, hasta un total de 76; en 2017, un millón más, hasta los 77, la mayor cuantía alcanzada; aunque en 2018 se redujo hasta los 72 millones.

El tiempo medio que perdura un expediente vivo de esta renta en nómina se sitúa en torno a tres años dentro del periodo analizado, mientras que en 2015 los titulares en nómina a final de ejercicio ascendieron a más del doble que los existentes en 2011 y la cuantía promedio pagada es de 522 euros por expediente. Desde su entrada en vigor hasta 2015 se produjo un descenso global de las solicitudes presentadas de alrededor del 40 por ciento, con un repunte en 2013, pasando de 14.719 en 2011 a 8.636 en 2015.

Entre sus recomendaciones, el Consejo de Cuentas ha propuesto, entre otras cosas, la aprobación de un manual de procedimiento de gestión actualizado y unificado, en virtud de los cambios normativos y de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la prestación.

Asimismo ha recomendado a la Gerencia de Servicios Sociales tomar medidas para adecuar los plazos de resolución al procedimiento establecido o a implementar un plan anual de seguimiento con equipos propios separados de las funciones iniciales de reconocimiento de la prestación, cuyos resultados se recojan en un informe anual.

Aunque la presentación de este informe se ha circunscrito al año 2015, debido a la lejanía de esta fecha, el debate planteado por los grupos parlamentarios en sus turnos de intervención ha estado centrado en la reciente aprobación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno de España.

En este sentido, los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos en esta comisión, Salvador Cruz y Blanca Delia Negrete, respectivamente, han argumentado que informes como los presentados por el Consejo de Cuentas son "el mejor aval" que acredita a la Comunidad para gestionar el ingreso mínimo vital implantado por el Ejecutivo Central, ha asegurado Negrete.

Mientras, Cruz ha propuesto que, de cara a compatibilizar la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital, alguna de ellas debería incluir entre sus criterios de reparto el de la lucha contra la despoblación, para paliar los casos de exclusión social en el mundo rural.

Por parte del Grupo Socialista, María Isabel Gonzalo ha criticado la disparidad de criterios de reparto de esta renta entre las diferentes provincias "a priori similares", al tiempo que ha lamentado la "inflexibilidad y dificultad de acceso" a estas ayudas, ya que "casi la mitad de los solicitantes" se quedan sin esta renta, una crítica en la que también ha ahondado el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos.

"Vamos a gestionar bien lo nuestro, la renta garantizada de ciudadanía, y luego ya veremos qué podemos hacer con el ingreso mínimo vital", ha apostillado Gonzalo.

LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN SIGLO ES "ADECUADA" A LA NORMATIVA Y SUS INGRESOS SE AJUSTAN A LA "REGULARIDAD"

En cuanto al informe de fiscalización de la gestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas ha subrayado que esta institución entiende que la estructura de esta fundación es "adecuada" a la normativa en vigor.

Asimismo, Amilivia ha destacado que el Consejo de Cuentas ha comprobado "la regularidad de los ingresos obtenidos por la Fundación derivados de la gestión de las actividades".

No obstante, en el apartado de recomendaciones, el Consejo ha señalado la conveniencia de que la Consejería de Cultura y Turismo promueva la modificación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad para aclarar sin con la Ley General de Subvenciones, "las fundaciones públicas de Castilla y León pueden seguir realizando entregar dinerarias sin contraprestación, al mismo tiempo que otorgan subvenciones, o si, únicamente, pueden conceder subvenciones".

Esta recomendación, según ha aclarado Amilivia, en lo que afecta a la Fundación Siglo, "deja de tener efectos en la práctica pues no consta que en los últimos ejercicios haya tenido actividad subvencional alguna en cuanto a convocatorias en concurrencia competitiva".

Pese a estas afirmaciones, tanto el portavoz del Grupo Socialista como el de la UPL han catalogado a esta fundación como un "chuiringuito" y han instado a Cs a acabar "con esta administración paralela poco transparente con la que un día prometieron acabar", ha asegurado Santos, mientras que Martín Benito (PSOE) ha asegurado que su grupo "rechaza las propuestas del Consejo, ya que la Fundación Siglo debe pasar a la historia".

Por parte de Cs, su portavoz ha expresado el compromiso de su formación con la reducción de la "administración paralela", algo que se debatirá en la comisión paritaria para acometer la transformación de estas fundaciones públicas.

 
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