05-07-2020 / 16:30 h EFE

Un padre y su hijo, concesionario de terrenos agrícolas en Almonte (Huelva) y administrador de la empresa que los explota, respectivamente, se enfrentan a 3 años y 10 meses de prisión por extraer ilegalmente durante años agua subterránea del acuífero 27, que surte a Doñana, para el riego de fresas y frambuesas.

El juicio contra estas dos personas está previsto que se celebre mañana en el juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, y además de la pena de cárcel el fiscal solicita para ellos, a los que considera autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando riesgo de perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales, el pago de una multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la agricultura durante dos años.

A todo ello deberán de sumar el pago, en concepto de responsabilidad civil, de una indemnización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en 19.796 euros por daños al dominio público hidráulico.

Los hechos punibles, según el escrito de acusación del fiscal, se centran en las extracciones de agua subterránea realizadas por la explotación HIDROFRUTAS SL en una parcela de 18 a 20 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento de Almonte, que posee en régimen de canon mediante contrato de concesión administrativa uno de los acusados, el cual ha cedido la misma en arrendamiento a su hijo y, por ende, a la empresa que él administra.

De conformidad con la inspección practicada por la fuerza pública, la explotación dispone de cinco pozos activos y una balsa de acumulación de agua para regadío en funcionamiento.

La empresa explotadora ha estado utilizado agua subterránea del Acuífero 27 para la explotación de frutos rojos, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras, es decir, del Ayuntamiento, ni del concesionario, ni de la empresa que la explota entre los años 2012 y 2014.

De ahí que se haya producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho período y esa detracción implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar.

Esta forma de actuar incumple la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

 
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