03-07-2020 / 16:11 h EFE

Valladolid, 3 jul La Fundación Artemisan, que agrupa a un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, ha pedido al Tribunal Constitucional que no admita el recurso de insconstitucionalidad que ha planteado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la ley de caza de esa Comunidad.

Y que subsidiariamente "se declare mediante sentencia la constitucionalidad de la citada norma", según ha plantado Artemisan este viernes en un comunicado, en el que ha explicado que han presentado alegaciones ante el TC ante esa cuestión de inconstitucionalidad.

El pasado 18 de febrero el Constitucional anunció la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada en noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la Ley de Caza de la Comunidad, al considerar que la norma pretende "sustraer a los tribunales el control de la actividad cinegética".

Fundación argumenta su pretensión de inadmisión en el hecho de que, a su juicio, se han cometido diversas irregularidades procesales desde el inicio del procedimiento, entre otras el no haber admitido el desistimiento a un recurso de reposición presentado por la letrada de la Junta de Castilla y León y que, de haberse estimado, no hubiera hecho posible la presentación por la Sala de la cuestión de inconstitucionalidad. O el hecho de haber acordado la adopción de la medida cautelar solicitada por PACMA, sin fianza, y que llevaba aparejada la prohibición de la caza en la comunidad castellano leonesa. La inadmisión del recurso de reposición contó con el voto particular de uno de los magistrados de la Sala que de forma muy fundamentada exponía los motivos por los cuales consideraba que el desistimiento debería haber sido admitido.El principal argumento del TSJ es que la Ley 9/2019 de caza es una ley singular y autoaplicativa que impide el control jurisdiccional de su articulado, algo que es rebatido por la Fundación en base a que la propia norma prevé su desarrollo reglamentario mediante la aprobación de un Plan General de Caza.

La Fundación Artemisan sostiene que el Superior de Justicia de Castilla y León "quiere introducir la imagen de una modificación de la ley por parte de la Junta de Castilla y León caprichosa, irracional, ilegítima y tendente a hacer desaparecer las especies o desequilibrar el medio natural castellanoleonés de forma irresponsable" cuando a su juicio "ha elaborado una modificación cabal, rigurosa y legítima".

Para Artemisan, en la ley de Caza regional "la gestión de las poblaciones se impone como una medida fundamental para la conservación, al tiempo que se reconoce que la actividad económica derivada de la caza es principal fuente de riqueza y contribuye al sostenimiento de zonas menos industrializadas y despobladas".EFe

 
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