02-07-2020 / 12:20 h EFE

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha señalado que la investigación al exconsejero socialista Gaspar Zarrías por un préstamo a Cárnicas Molina no es un caso de 1999, ya que la no reclamación del crédito llega a 2008 y el gobierno de Susana Díaz, que estuvo hasta 2019, "tampoco hizo nada por investigarlo".

En respuesta a una pregunta oral de Vox, Bendodo ha recordado que el Gobierno andaluz está personado en esta causa como acusación, algo que ha argumentado en que "a diferencia del anterior gobierno" sienten como obligación "defender los intereses de los andaluces, no los del partido".

Ha considerado que hay "elementos objetivos" para investigar las circunstancias en las que se dio ese préstamo, "así como otras posibles irregularidades".

Ha añadido que serán los tribunales los que decidan el recorrido, "pero sí es evidente que hay indicios para investigarlo", lo que en su opinión "deja en mal lugar al anterior gobierno socialista, que siempre ha mantenido lo contrario".

Ha explicado que los tribunales han exigido documentación y la Junta va a colaborar "en lo que esté en su mano" para "esclarecer este asunto", ya que es su obligación "defender el dinero que lamentablemente el socialismo ha malgastado".

Bendodo se ha dirigido a Vox para recordarle que a pesar de que pueden tener diferencias comparten "la necesidad clara de que Andalucía no regrese nunca más a esos tiempos oscuros y de impunidad", a lo que ha añadido que están cumpliendo con su compromiso y lo seguirán haciendo durante toda la legislatura.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha celebrado que la Junta esté personada como acusación, "por respeto a los ciudadanos" y porque se aprobó una iniciativa en el Parlamento para que lo hiciera en todos los asuntos que supusieran "un desfalco para el erario público".

Ha defendido que los andaluces merecen saber "en qué se ha gastado cada euro por las anteriores administración" y todo lo que se haya "desviado de un propósito" en beneficio del interés general.

Alonso ha indicado que quienes han tenido "la osadía" de destinar el dinero "a fines clientelares" deben ser condenados, "ya no judicialmente si lo estima una sentencia, sino socialmente".

 
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