27-06-2020 / 14:30 h EFE

Las empresas de transporte escolar de Euskadi han alertado de que están al borde de la quiebra y ha pendido al Gobierno Vasco "que cumpla sus compromisos abonando a las empresas las indemnizaciones previstas en la Ley".

El transporte escolar de Euskadi genera un empleo directo superior a 5.000 trabajadores, con más de 182 empresas y una flota de 2.660 autobuses.

Su situación es crítica ya que los únicos ingresos estables con los que cuentan la mayoría de ellas proceden exclusivamente de la contratación con los Centros Escolares, solo durante los 10 meses lectivos (175 días), de septiembre a junio.

Estas empresas complementan su actividad con servicios turísticos, como excursiones para los centros escolares, excursiones de ocio, bodas o para la temporada de sidra o a bodegas.

Debido al coronavirus, la totalidad de la actividad al alcance de las empresas de transporte escolar es impracticable, "sin esperanza de poner en marcha un autobús hasta el próximo curso 2020/21".

Según el sector, el pasado día 18 de marzo el Gobierno central aprobó dos decretos que obligaban al Gobierno Vasco a indemnizar a las empresas de transporte escolar por la suspensión de sus contratos, principalmente los costes fijos.

En los próximos meses, muchas de estas empresas solo van a disponer de los ingresos que provengan de las indemnizaciones del Gobierno Vasco debido a la paralización de los servicios.

Algunas Comunidades Autónomas como Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia han establecido el pago de estas indemnizaciones a través de un porcentaje sobre el precio unitario de cada recorrido, lo que facilita la gestión de estas indemnizaciones.

Pero en Euskadi, más de tres meses después de paralizar la actividad, según ester sector el Gobierno Vasco no ha cumplido los compromisos que le exige la Ley y sigue sin abonar un euro a las empresas de Transporte Escolar.

Por ello, las empresas de Transporte escolar han denunciado el trato recibido por parte del Departamento de Educación, que "no ha demostrado ninguna empatía" y "ha planteado un regateo para rebajar las cantidades que justamente deben indemnizar a las empresas".

 
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