26-06-2020 / 18:02 h EFE

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha impugnado los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la limitación de acceso de los abogados a las sedes judiciales y ha interpuesto un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un comunicado remitido este viernes a Efe, el Cadeca informa de que ha impugnado los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno del TSJA el 2 de junio y su "rectificación parcial" del día 9.

En el recurso, fechado el 25 de junio y firmado por su presidente, Pascual Valiente, el Consejo pide la nulidad de la decimoquinta "pauta de actuación" del Plan de Desescalada y Reactivación de las Actuaciones Judiciales en el ámbito del TSJA o, "en todo caso", la supresión de "la necesidad de solicitar cita previa" para que los abogados accedan a las sedes y órganos.

La Comisión Permanente del Cadeca, por unanimidad de los Decanos de los once Colegios andaluces, ya acordó el 5 de junio rechazar los acuerdos del TSJA, que consideró que eran "gravemente perjudiciales para el derecho de defensa" y "afectaban a la dignidad del ejercicio de la Abogacía", y el 8 de junio formuló una queja formal ante el TSJA y pidió se dejasen sin efecto las "restricciones impuestas".

Esa petición tuvo una "acogida favorable" y provocó una rectificación "parcial" que el Cadeca tilda de "insuficiente".

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el Cadeca asegura que "la mayoría" de los juzgados y tribunales andaluces han impuesto "importantes restricciones al acceso de los Abogados a las sedes judiciales" que "en la mayoría de los casos" son acordadas "a través de actuaciones de hecho, sin acuerdo gubernativo alguno (...) y utilizando como pretexto la habilitación de los acuerdos del TSJA".

Algunas de esas medidas son "la exigencia de cita previa" para acceder al juzgado o la denegación de la entrada para actuaciones judiciales previamente señaladas, en cuyo caso "deben esperar en la calle a ser llamados".

El Cadeca recalca que no se opone a las soluciones destinadas a evitar el contagio y la propagación del coronavirus, pero "una cosa son las medidas de prevención (...) y otra muy diferente son las medidas restrictivas del ejercicio profesional de la abogacía".

En su opinión, son "injustificadas" una vez que ya se ha reanudado "plenamente" la actividad judicial tras el alzamiento de la suspensión de los plazos y actuaciones procesales, el pasado 4 de junio.

 
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