24-06-2020 / 22:50 h EFE

La Fiscalía boliviana considera que hubo un sobreprecio en una compra de respiradores hospitalarios en España, con un daño al Estado de Bolivia estimado en unos tres millones de dólares.

Tras levantarse la reserva del caso, el fiscal Omar Mejillones informó este miércoles de que según las pesquisas existe un sobreprecio y el "proceso de contratación está totalmente viciado".

El fiscal señaló a los medios en La Paz que el dueño de la empresa española GPA Innova expresó que el precio es de 6.600 euros, unos 7.429 dólares, de "un ventilador básico", pero en la factura que el exministro de Salud Marcelo Navajas presentó "asciende a 28.080 dólares" y para justificar este monto "desmantelaron el equipo".

"Lo que han hecho es desmantelar los kits y poner a cada kit un precio, cosa de que alcance a los 28.080 dólares, ese es el monto que se hubiera facturado, pero el kit de acuerdo a contrato que se tiene es uno solo y el monto total del ventilador pulmonar es de 6.600 euros", manifestó Mejillones.

Además, sostuvo que los ahora procesados "tendrían que haber obtenido algún tipo de beneficio porque conocen perfectamente el procedimiento y lo han omitido".

Mejillones señaló que una de las irregularidades detectadas fue que se entregaron 250.000 dólares como reserva de la compra el día que comenzó el proceso de contratación.

"Lo que quiere decir, como se ha señalado anteriormente, que se verifica el hecho de que estaba direccionada esta compra", indicó Mejillones.

El fiscal dijo que ya hay un avance del 90 por ciento de las investigaciones del proceso de contratación, pero aún deben tomar declaraciones como la de un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la compra de 170 respiradores por unos 5 millones de dólares.

Por este caso están procesados entre otros el exministro Navajas y el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto Pareja, ambos con detención domiciliaria, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de Bolivia Fernando V., el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P y el conocido en este proceso como "testigo clave" Luis Fernando H., con prisión preventiva.

Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no abonará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.

Estos equipos que estaban destinados para pacientes con COVID-19 en el país fueron observados por especialistas porque justamente no ayudarían a personas en estado grave.

Además del proceso judicial, la Asamblea Legislativa de Bolivia creó una comisión para investigar el caso, que es el mayor escándalo por supuesta corrupción en Bolivia desde que asumió el Gobierno interino el pasado noviembre.

 
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