23-06-2020 / 20:31 h EFE

El exinterventor general del Gobierno de Murcia Eduardo Garro ha dicho este martes al declarar como testigo en la pieza separada del caso de la desalinizadora de Escombreras que nunca se le pidió un informe sobre el proyecto pese a que suponía un gasto de 600 millones de euros.

Según ha sabido Efe, al contestar a las preguntas del letrado de la acción popular, el abogado murciano Diego de Ramón, ha añadido que no se reunió con políticos o responsables de la planta para hablar sobre asuntos relacionados con ella.

También ha señalado que llegó un momento en el que por su situación económica la mercantil Desaladora de Escombreras, promotora de la planta creada con capital privado, que se había constituido como sociedad anónima debía haber sido disuelta por exigirlo así la ley que le era aplicable una vez que fue comprada con fondos públicos autonómicos, para lo que, según Garro, el Ejecutivo regional no hizo auditoría antes de decidirlo.

Preguntado sobre si era necesario un informe de intervención antes de que el Gobierno murciano asumiera el gasto de 22 millones de euros anuales pagaderos a la empresa constructora, del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, ha contestado que no, ya que ese tipo de informes se emiten después.

Según De Ramón, ha comentado que la cláusula penal que exigía al Gobierno pagar por el agua de la desalinizadora aunque no se consumiera resultaba muy gravosa.

En esta ronda de declaraciones ha intervenido también este martes en la misma condición de testigo Cirilo García, que fue jefe de distribución del Ente Público del Agua (EPA), órgano creado por el Ejecutivo murciano con el fin de conseguir el agua que resolviera la falta de recursos hídricos de la región.

Según la fiscalía, el objetivo era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

García ha indicado que tuvo conocimiento de los convenios firmados por el EPA con esos 26 ayuntamientos y que muchos de esos municipios no disponían de la infraestructura necesaria para que el agua de la planta llegase a sus territorios.

Ha manifestado que siempre se entendió que la explotación de la desalinizadora sería sin coste para el erario público autonómico, ya que al final los gastos recaerían sobre el usuario final.

 
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