17-06-2020 / 21:30 h EFE

El partido Alianza por Brasil, aún no registrado oficialmente e impulsado como plataforma política del presidente Jair Bolsonaro, está en la mira de la Justicia por supuestos "ataques" a las instituciones y a la propia democracia.

Miembros de la Alianza, anunciada el año pasado como embrión del primer partido político de ultraderecha del país, están en el centro de dos investigaciones. Una sobre actos y manifestaciones que la Fiscalía califica de "antidemocráticos" y otra en torno a amenazas y mentiras difundidas en internet contra miembros de la Corte Suprema.

En el segundo caso, el proceso fue abierto de oficio por la Corte frente a una proliferación de mensajes en las redes sociales contra sus propios jueces, en algunos casos proferidas por activistas de ultraderecha vinculados a la Alianza, algunos detenidos esta misma semana por promocionar también los actos "antidemocráticos".

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable de investigar las amenazas a los jueces, leyó este miércoles algunos de los mensajes que motivaron esa acción penal. En uno de ellos, publicado en redes sociales por una abogada "bolsonarista", se lee: "Violen y maten a las hijas de esos ordinarios magistrados del Supremo".

Ambas investigaciones avanzan en paralelo y una apunta hasta a algunos miembros de la cúpula del partido, como el vicepresidente, Luis Felipe Belmonte, y el jefe de propaganda, Sergio Lima, así como once parlamentarios.

En el caso de los actos "antidemocráticos", a los que ha asistido hasta el presidente Bolsonaro y en los que se exige el "cierre" del Parlamento y el Supremo mediante una "intervención militar", una de las detenidas está también acusada de amenazar a los magistrados.

Se trata de Sara Giromini, activista de ultraderecha que se hace llamar "Sara Winter" en un dudoso homenaje a una espía británica que trabajó para los nazis y que este lunes fue acusada formalmente de "graves injurias y amenazas".

Winter es miembro del grupo "300 de Brasil", formado por apenas una treintena de "bolsonaristas" que apoya a la Alianza y que en los últimos días protagonizó una "marcha de las antorchas" emulando las que realizan los supremacistas estadounidenses y luego simuló un "bombardeo" con fuegos artificiales contra la sede del Supremo.

Ese grupo extremista mantenía un campamento en Brasilia, que fue clausurado la semana pasada por orden judicial y que fue visitado en ocasiones por miembros de la cúpula de la Alianza.

BOLSONARO INSINÚA UNA PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA

Bolsonaro, que hasta ahora no ha comentado ese "bombardeo" contra el Supremo, reaccionó este miércoles mediante su perfil en Twitter, pero para denunciar lo que consideró como una "persecución" por motivos ideológicos.

"No puedo asistir callado mientras derechos son violados e ideas son perseguidas", afirmó el mandatario, quien dijo que puede adoptar "medidas legales", que no precisó, para "proteger la Constitución y la libertad de los brasileños".

Bolsonaro criticó lo que calificó de "abusos", "violaciones de derechos" y "ataques concretos" al Gobierno y sus partidarios y subrayó la vertiente ideológica que podrían esconder.

"Hace décadas el conservadurismo fue abolido de nuestra política y las personas que se identifican con esos valores vivían bajo gobiernos socialistas que entregaron el país a la violencia y a la corrupción", agregó Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y nostálgico defensor de las dictaduras militares de derechas.

LA ALIANZA INTENTA DESMARCARSE

Presionado por la Justicia, el partido aún no regularizado ha intentado desmarcarse de lo que pueda ocurrir en los tribunales.

"El partido se opone a todo acto antidemocrático y condena toda manifestación violenta", dijo la tesorera de la organización, Karina Kufa, quien garantizó que si se comprueba que algún miembro financia o participa en ese tipo de actividades será sumariamente expulsado.

"Si se comprueba algún exceso, cada uno, individualmente, será responsable de eso", apuntó Kufa, quien aclaró además que el partido no cuenta con "afiliados", pues su registro está todavía en trámite, aunque sí tiene miles de "adherentes" y "simpatizantes".

Para ser formalizada como partido, la Alianza debe obtener apoyo, mediante firma comprobada, de un mínimo de 490.000 personas en al menos nueve de los 27 estados del país.

Luego, la Justicia Electoral verificará cada una de esas firmas para, finalmente, tras un proceso que suele durar más de un año, reconocer al nuevo partido político.

El problema es que, hasta ahora, seis meses después de haber sido anunciado y pese a que las encuestas dicen que Bolsonaro tiene apoyo del 30 % de la población, la Alianza apenas ha podido recopilar unas 20.000 firmas, de acuerdo a sus propios cálculos.

 
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