16-06-2020 / 20:11 h EFE

El CGPJ ha aprobado este martes el plan de choque para la reactivación tras el estado de alarma, con el que busca "agilizar al máximo" la resolución de "todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables".

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, el plan ha sido aprobado por el Pleno con 18 votos a favor, dos en blanco y uno en contra, aunque varios vocales han anunciado la formulación de votos particulares -tanto concurrentes como discrepantes- a distintos apartados del mismo, que incluye más de 60 medidas que no requieren de modificaciones legales para su aplicación.

El documento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuesta por mantener e incrementar las medidas de refuerzo en juzgados y tribunales, fomentar las herramientas existentes para la unificación de criterios y potenciar la justicia digital.

Dicho plan persigue "agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables" así como" proporcionar a los jueces un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo".

Al margen del plan, el Pleno ha aprobado también los principios y criterios generales que deberían inspirar las reformas legales que puedan acometerse en este momento teniendo en cuenta que la actuación del CGPJ queda limitada a proponer y remitir informes técnicos ante futuras leyes.

El CGPJ señala que dadas las especiales circunstancias generadas por la crisis sanitaria y su impacto socioeconómico, las reformas habrían de prestar especial atención a determinados procedimientos.

Y cita los de familia, en base al principio del interés superior del menor; los mercantiles, al objeto de facilitar la continuidad de las empresas y de los profesionales afectados por la crisis; la protección de las víctimas, con especial atención a las de la violencia de género; los contencioso asociados a los efectos del estado de alarma; y los laborales sobre protección social, conciliación, viabilidad de las empresas y mantenimiento del empleo.

 
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