15-06-2020 / 16:40 h EFE

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha sido la primera institución propia de la Comunidad autónoma que aprueba un código ético para sus altos cargos, entre los que figura tanto el presidente de este organismo como el resto de consejeros, natos y electos.

El denominado Código Ético y de Austeridad será de obligado cumplimiento para todos sus altos cargos y los del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, organismo adscrito al Consultivo, según ha informado este lunes en un comunicado esta institución autonómica con sede en Zamora.

El documento ha establecido como principios de actuación de los consejeros los de objetividad, independencia, imparcialidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia, eficiencia y "atención preferente a las necesidades de los ciudadanos y de las administraciones consultantes".

Con las prescripciones establecidas se da cumplimiento a la Ley autonómica 3/2016, que regula el estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y que indica que las instituciones propias contarán con su propio código ético.

El documento fija una serie de criterios necesarios para garantizar la actuación ejemplar del Consultivo en el desempeño de funciones públicas

Los principios y criterios en que se fundamenta el código ético aprobado ya se contemplan en la Ley autonómica 1/2002 reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Sobre la objetividad de los consejeros del Consultivo, el Código Ético establece que desempeñarán sus funciones públicas sin incurrir en conflictos con intereses particulares o ajenos a los fines de la institución.

También ha aludido a la independencia e imparcialidad de los consejeros en el ejercicio de sus funciones, en el que su actuación se regirá "en atención exclusivamente al interés público".

Respecto a la transparencia, ha establecido que las decisiones del Consultivo se adoptarán conforme a criterios que puedan ser accesibles y conocidos por los ciudadanos.

Sobre la ejemplaridad, el documento ha pedido evitar cualquier "acción u omisión que menoscabe el prestigio de la institución o que le reste legitimidad, credibilidad o auctoritas" ante la ciudadanía.

El principio de austeridad se cumplirá mediante la racionalización del gasto y la defensa de los recursos públicos y la eficacia y eficiencia se conseguirá empleando para ello los menores recursos públicos posibles.

Los consejeros del Consultivo desarrollarán sus funciones con respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley del Consejo Consultivo de Castilla y León y al resto del ordenamiento jurídico.

Los consejeros deberán impedir cualquier actuación que pueda producir discriminación, promoverán la igualdad entre mujeres y hombres, y fomentarán la inclusión de las personas con discapacidad para contribuir a la cohesión social y territorial.

Se cuidará especialmente el trato y la atención a los ciudadanos, a sus organizaciones representativas y a las administraciones consultantes, según ha establecido el código ético, que próximamente se publicará en la página web de la institución.

 
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