11-06-2020 / 18:00 h EFE

La Administración central, las Comunidades Autónomas (CCAA) y los Ayuntamientos han acordado este jueves reformar el Estatuto Básico del Empleado Público en un plazo de dos meses para impulsar el teletrabajo y reducir la temporalidad.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, a la que han asistido los responsables de Función Pública de todas las CCAA, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los representantes de las tres Administraciones Públicas han acordado impulsar la reforma del Estatuto del empleado público para adaptarlo a las condiciones sociales y económicas actuales, y la ministra ha resaltado que hay que aunar esfuerzos "para ser más fuertes y afrontar el futuro con esperanza... sin dejar a nadie atrás".

Los responsables de Función Pública han coincidido en que hay que regular el teletrabajo porque ha sido una herramienta útil durante la emergencia sanitaria y coinciden en que facilita la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, además de contribuir a la reducción del impacto medioambiental.

También han resaltado la importancia de la tramitación electrónica de procedimientos y en aumentar la inversión en tecnologías de la información y en mejorar las competencias digitales del personal.

En cuanto a la temporalidad del empleo público, la conferencia sectorial ha acordado abordar nuevos procesos de estabilización y de control para evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal.

En el encuentro, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, se ha mostrado partidario de hacer una evaluación correcta de los puestos de trabajo y del rendimiento de los mismos para que el teletrabajo redunde en la mejora del servicio público a los ciudadanos.

A su juicio, la incorporación del teletrabajo en la Administración Pública va más allá del reto tecnológico, ya que conlleva "una reorganización del empleo público", que debería contar también con el apoyo económico del Ministerio de Hacienda.

Pérez Anadón ha coincidido además en la necesidad que marca el Ministerio de avanzar en la digitalización y en la innovación, así como en la necesidad de hacer una administración sostenible e inclusiva, que debe abordar el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, según informan fuentes del Gobierno de Aragón.

El consejero ha destacado asimismo el esfuerzo que se realiza en Aragón por avanzar en los criterios de igualdad que deben regir entre los empleados públicos, que contarán en noviembre con un Plan de Igualdad, y ha recordado la reanudación de los procesos de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 (4.452 plazas), que se lanzaron a final del año pasado y que se reactivan después del parón impuesto durante el estado de alarma.

Todas las convocatorias de estabilización de funcionarios estarán realizadas en el segundo semestre de este año, mientras que en 2021 se convocarán las correspondiente a la oferta ordinaria.

 
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