30-05-2020 / 20:20 h EFE

Varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en Mauritania condenaron la muerte de un ciudadano a manos del Ejército del país el pasado jueves en el río de Senegal, cerca de la ciudad mauritana de M'bagne, a unos 360 kilómetros al sur de Nuakchot.

"Condenamos este suceso dramático que ilustra un uso excesivo de la fuerza", indicó hoy en un comunicado el partido islamista Tawassoul, la mayor fuerza política opositora del país.

El partido islamista exigió la apertura "de una investigación urgente y transparente" sobre este incidente que fue también condenado por otros partidos de la oposición como la Unión de Fuerzas del Progreso, y CVE (una coalición de partidos representantes de los negro-mauritanos).

En su versión de los hechos, el Ejército mauritano afirmó que la víctima formaba parte de un grupo de contrabandistas que fueron interceptados por una patrulla militar, y señaló que el difunto "tenía la intención de agredir a uno de los soldados".

Para disuadir a la víctima, el soldado "disparó un tiro de advertencia pero desgraciadamente fue mortal", lamentó el Ejército en un comunicado emitido anoche.

La coalición CVE admitió que la víctima había intentado "hacer pasar de forma fraudulenta su mercancía" hacia la otra orilla del río Senegal.

Pero al mismo tiempo precisó que las informaciones que había recopilado "indican claramente que el soldado disparó contra el contrabandista que no llevaba armas y que no manifestó ninguna forma de agresividad hacia la patrulla militar".

En este período marcado por la crisis del COVID-19, el Ejército mauritano vela por el respeto del cierre de la frontera del país e impide cualquier movimiento o intento de entrada hacia las diferentes regiones mauritanas.

"El toque de queda y el cierre de fronteras no justifican de ningún modo la violación de las leyes, o el pisotear la dignidad y la vida de los ciudadanos", deploró el partido Unión de las Fuerzas del Progreso.

En el mismo sentido, la Asociación de las Mujeres Jefes de Familia (AFCF, por sus siglas en francés) declaró que la situación excepcional que atraviesa el país con el toque de queda y el confinamiento no justifican el hecho de "atentar contra la vida de una persona".

 
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