26-05-2020 / 16:11 h EFE

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha transferido desde el inicio del estado de alarma por la covid-19 casi 90 millones de euros a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones por el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.

Según ha informado la Junta, durante los tres últimos meses, Igualdad ha financiado este servicio equiparándolo a las liquidaciones correspondientes a febrero, mes anterior al decreto del estado de alarma, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y el mantenimiento del empleo.

Puesto que en Andalucía existe una evolución favorable de los efectos del covid-19, Igualdad considera necesario volver a establecer la normalidad en la financiación de este servicio, que volverá a liquidarse según el servicio prestado por lo que el Consejo de Gobierno ha modificado la orden que aprobó en marzo.

Este acuerdo restablece la financiación de esta prestación conforme a la Orden 15 de noviembre de 2007, por la que se regula este servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece un sistema basado en liquidaciones mensuales en función del servicio efectivamente prestado.

En Andalucía el servicio de ayuda a domicilio atiende a 87.317 personas en situación de dependencia, y es prestado por las entidades locales de más de 20.000 habitantes y diputaciones.

Además el gabinete ha modificado también el acuerdo de 13 de marzo sobre los centros de día para personas mayores y con discapacidad, por el que se suspendía su actividad y se establecía la garantía del abono a los centros del 80 % del coste plaza, a la vez que se eliminaba el copago de las personas usuarias.

Ahora, según la Junta, se "mejora" esta medida, puesto que se va aumentar la cuantía de las liquidaciones al abonar a los centros las cantidades que se habrían percibido si no se hubieran cerrado, garantizando como mínimo el 80 % de las plazas ocupadas según la liquidación del mes anterior a la suspensión.

Esta medida, que tendrá carácter retroactivo desde el 16 de marzo y estará vigente hasta el próximo 15 de junio, supone un coste adicional sobre lo inicialmente previsto de más de 801.869,88 euros.

 
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