19-05-2020 / 17:22 h EFE

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Madrid, 19 may (EFECOM).- El Gobierno ha acordado remitir hoy al Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tiene como objetivos que el sistema eléctrico sea 100 % renovable antes de 2050 y que los coches nuevos sean de cero emisiones antes de 2040, y pone fin al 'fracking' y a la explotación y exploración de hidrocarburos en territorio español.

Entre los objetivos del proyecto, que ahora arranca su tramitación parlamentaria, está que antes de 2050 el sistema eléctrico español sea 100 % renovable y que en 2030, como mínimo, el 35 % del consumo final de energía tenga este origen.

La presencia de renovables en el sistema eléctrico deberá ser de al menos de un 70 % en 2030 y las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %.

El objetivo es duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta alcanzar el 42 % al finalizar la presente década, fecha en la que las energías limpias supondrán hasta un 74 % en el sistema eléctrico.

Según cálculos del Plan Nacional de Energía y Clima, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, y estiman que el PIB de España aumentará en torno un 1,8 % en 2030, respecto a lo que lo haría en un escenario sin medidas; lo que supone entre 16.500 y 25.700 millones de euros.

La futura Ley de Cambio Climático también da cabida a nuevos actores en el sistema eléctrico y crea la figura del titular de almacenamiento para favorecer la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, así como la del agregador independiente, que permitirá vender energía producida en instalaciones de autoconsumo o almacenada.

Para favorecer la hibridación (incorporación de distintas tecnologías de generación en una misma instalación, como paneles solares en una planta eólica), se podrá evacuar la energía usando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida.

La norma contempla la repotenciación de instalaciones renovables, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red, lo que favorece conservar instalaciones antiguas, que ocupan los mejores emplazamientos.

Las centrales hidroeléctricas reversibles (que permiten almacenar energía) tendrán prioridad en las nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

El texto prevé también el desarrollo de un nuevo marco retributivo para la generación renovable, que se otorgará mediante subastas, así como que los Presupuestos del Estado destinen al fomento de renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

También amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

A partir de la entrada en vigor de la Ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, y tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

La norma establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar justificada por motivos de interés social, económico o por inexistencia de alternativas, y el Consejo de Ministros podrá aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes.

También se elaborará un calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que tenga actividades de extracción, refinado o procesado de productos de origen fósil.

MOVILIDAD LIMPIA

Las administraciones tendrán que adoptar medidas para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan sus emisiones para que no más tarde 2040 sean de 0 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro, con el objetivo de que en 2050 ya no haya en el parque vehículos que emitan CO2.

Para la implantación de puntos de recarga, el proyecto establece su instalación progresiva en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan actualmente el 10 % de la red.

En los edificios, el Código Técnico de la Edificación articulará su implantación en los de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes antes del 1 de enero de 2025, mientras que en los que no sean de uso residencial privado tendrá que haber una zona de aparcamiento con más de veinte plazas con punto de recarga.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que España está preparada para el reto que supone esta Ley y no parte de cero, pues cuenta con una cadena de valor consolidada en renovables, al tiempo que ha señalado que si se sientan las bases de un "nuevo modelo de prosperidad", en estos momentos de crisis por la pandemia del Covid-19, será posible crear empleos de calidad y estables en España.

 
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