18-05-2020 / 18:11 h EFE

El Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para investigar si la Junta mantiene la prestación asistencial a los menores inmigrantes en los centros de protección, tras la denuncia de algunas entidades que apuntan a la eliminación de plazas por recortes presupuestarios.

La Oficina del Defensor ha confirmado la apertura de la investigación basada en comprobar la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes en los centros de protección financiados con subvenciones públicas.

Para el Defensor deben quedar garantizadas, además de sus necesidades básicas más perentorias, la continuidad de los programas educativos de los que se estuvieran beneficiando.

Según la información facilitada al Defensor por responsables de las ong que convenian con la Junta ofrecer la asistencia, las modificaciones anunciadas por la Administración supondrían la supresión de 407 plazas residenciales subvencionadas.

De éstas actualmente se encuentran ocupadas 341 (195 por menores y 146 por jóvenes que ya habrían alcanzado la mayoría de edad) y vacantes solo 66, a disposición del Ente Público y en espera del ingreso de algún menor.

El Defensor muestra también su preocupación por aquellos internos sobre los que existen dudas de su edad o que ya habrían alcanzado la mayoría de edad y que también venían siendo atendidos con cargo a estos programas públicos de subvenciones.

Su continuidad - agrega- se ve igualmente comprometida como consecuencia de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía y quedarían en una situación de precariedad si no se les ofrecen otros recursos y ayudas alternativas, lo que "conllevaría verse abocados a encontrarse en la calle precisamente en una situación de confinamiento", advierte.

El equipo que dirige Jesús Maeztu quiere aclarar si a partir del 1 de junio, y dada la situación sobrevenida de crisis social y humanitaria derivada de la pandemia por covid-19, la Junta ha hecho una reprogramación presupuestaria para atender a la población afectada directamente por la paralización de la actividad económica.

En este sentido, el Defensor esgrime que esta situación y la consecuente falta de ingresos para la atención a las necesidades más básicas puede conllevar en la mayoría de los casos la clausura definitiva de los centros y en otros una reducción significativa de su capacidad asistencial.

 
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