15-05-2020 / 15:01 h EFE

El consenso parlamentario ha permitido la puesta en marcha de la gran mayoría de las medidas acordadas el pasado 25 de marzo por los integrantes del Diálogo Social: los empresarios, sindicatos y el Gobierno autonómico, más de un 90 por ciento según las estimaciones de este último.

Muchas de las medidas han sido tramitado a través de la fórmula del decreto-ley, entre ellas subvenciones directas ya publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y la próxima prórroga, la tercera, del aplazamiento de impuestos para aliviar la situación económica de las familias y las empresas.

En el caso de las empresas, el tejido productivo se va a beneficiar de más apoyos financieros para obtener crédito y liquidez, ya que se va a triplicar el importe de estas líneas, han informado este viernes fuentes de la administración autonómica, al término de una reunión telemática del Diálogo Social.

En cuanto a las medidas de apoyo a trabajadores afectados por ERTE, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado a los miembros del Diálogo Social que se trata de una compensación complementaria a la prestación que abona el Gobierno de España.

Por esta razón, para hacerlas efectivas, es preciso que el Ministerio de Trabajo y Economía Social resuelva primero a quién y por cuánto tiempo concede la prestación para poder activar después la ayuda complementaria del Gobierno autonómico, ha precisado.

Durante la reunión también se ha abordado el anuncio por parte del Gobierno de España de un fondo no reembolsable, extraordinario y adicional, reclamado por la Junta de Castilla y León, para cubrir los costes de la pandemia, principalmente el sanitario, pero también la parte social y de recuperación económica.

Fernández Mañueco ha recordado también que la Junta sigue pendiente de conocer los fondos de la UE que podrían llegar a Castilla y León, así como si se ampliarán los límites de déficit y deuda para las comunidades autónomas.

Dentro del proceso de diálogo político abierto en Castilla y León para avanzar en el pacto por la recuperación -articulado en torno a cinco ejes de trabajo (sanidad, economía, protección social, servicios públicos y financiación)-, se cuenta con las aportaciones de todos los agentes económicos y sociales integrantes del Diálogo Social, así como con las de otras organizaciones.

Respecto al ingreso mínimo vital que está preparando el Gobierno de España, ha explicado que la Junta aún no conoce el borrador, pero que en cuanto exista información se convocará la Mesa de la Renta Garantizada de Ciudadanía para analizarlo y escuchar la opinión de todos los agentes sociales y económicos.

Por último, en relación con el modelo de dependencia y la política en materia de residencias, el presidente ha señalado que la Consejería de Familia ha intensificado el diálogo con los representantes sindicales y empresariales de estos sectores para definir un nuevo modelo a raíz de la experiencia del Covid-19.

 
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