15-05-2020 / 12:32 h EFE

La consejera de Servicios Sociales y la Ciudadanía del Gobierno de La Rioja, Ana Santos, se ha comprometido este viernes a reforzar la atención social de los 47.000 riojanos que se encuentran en el "límite" de la pobreza, a quienes va a "proteger" e impulsar acciones para "no dejarles tirados".

Santos ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Sociales y a la Ciudadanía del Parlamento de La Rioja para informar sobre su gestión en la emergencia provocada por la pandemia sanitaria de coronavirus.

A la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 le seguirá otra crisis social, ha constatando, que afectará de forma diferente según la posición de partida de los ciudadanos.

En este sentido, ha recordado los datos del informe FOESSA de noviembre de 2019 que ya alertaba de la existencia de 47.000 riojanos "en una situación límite, cuya suerte dependería de la aceleración o desaceleración económica, personas que se encuentran en grave riesgo porque para salvar vidas se ha tenido que parar el país".

Ha apostado por proteger a estos riojanos "porque su colchón de resistencia es débil y serán los primeros en incorporarse a la exclusión social".

Para aliviar la situación de estos colectivos, ha dicho que la Consejería ha diseñado una docena de proyectos que se financian con los 4,5 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Fondo Social Extraordinario.

Así, parte de esta financiación se destinará a combatir la pobreza infantil con la habilitación de una ayuda extraordinaria para los beneficiarios de la renta de ciudadanía con hijos a cargo de 492.000 euros, para 920 familias y a 2.225 menores; y se beneficiarán también de ayudas 408 familias monoparentales.

Otros 850.000 euros se reservan para ayudas económicas de emergencia social, destinados a las familias en situación de grave vulnerabilidad agravada por el COVID-19, que se dedicarán a cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o el alquiler de la vivienda y que se financiarán al cien por cien a las entidades locales, ha precisado.

En relación a las entidades locales, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha anunciado que se van a suscribir nuevos convenios con ayuntamientos y mancomunidades para el personal por un importe de 2,14 millones, con financiación del gasto al 85 por ciento, lo que representa un 23,4 por ciento más que en 2019.

Además, también se van a firmar convenios para la realización de programas e inversiones en materia de servicios sociales de primer nivel por un importe de 9,04 millones, casi un 12 % más que el año pasado.

Otros 395.000 euros serán para ayudas destinadas a familias con hijos con educación infantil y primaria hayan tenido becas de comedor escolar este curso, de las que se beneficiarán 3.328 niños; y se destinarán 134.000 euros en un programa de intervención temprana a distancia para menores de 6 años.

También se han invertido 25.000 en euros en alimentos y kits de higiene para familias aisladas por el COVID-19 y que carecían de red de apoyo, de modo que Cruz Roja y el Banco de Alimentos han realizado 692 repartos.

Además, se han contratado 400 nuevos dispositivos de teleasistencia para mayores; 440.000 euros se han dedicado al servicio de comidas a domicilios para municipios que no dispongan de este servicio y; 193.174 euros para el alojamiento, manutención y atención social para personas sin hogar.

Santos ha resaltado que la mayor partida irá destinada al refuerzo de las plantillas de las residencias de personas mayores, de personas con discapacidad y centros de servicios sociales públicos así como el refuerzo del personal de los centros de día, con un importe de 2 millones de euros.

En lo relativo a la Dirección General de Justicia e Interior, la consejera ha asegurado que, "desde el principio, se ha garantizado que la prestación del servicio de la Administración de Justicia pudiera realizarse en las mejores condiciones, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y la salud laboral de los empleados públicos".

Así, desde esta Dirección General, se han dictado cinco resoluciones desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo donde se recogen los servicios esenciales, así como el personal necesario.

De hecho, en estos momentos, un 31 por ciento del personal funcionario presta sus servicios de forma presencial, para lo que se ha establecido un sistema pionero de cita previa tanto para los profesionales como para el público para el acceso a las sedes judiciales.

En la segunda fase está prevista la incorporación del 66 por ciento del personal y el cien por cien en la tercera fase.

Respecto al SOS Rioja, Santos ha relatado que la situación de este centro de emergencias es estable, después de que a lo largo del mes de marzo se recibieron 37.362 llamadas, un 27 por ciento más, que el mismo mes de 2019.

A lo largo del mes de abril, se han recibido 26.846 llamadas, unas 600, 700 al día, un número similar o incluso algo inferior a las recibidas antes de la crisis provocada por el COVID-19, ha puntualizado.

 
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