14-05-2020 / 17:12 h EFE

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves que cada sede judicial valenciana contará con un plan específico de contingencia de salud laboral, adecuado a las características y funciones de cada edificio, para que "la vuelta a la normalidad sea segura".

Además, en la reunión que ha mantenido con el ministro de Justicia, José Luis Campo, y el resto de responsables autonómicos en la materia, Bravo ha propuesto al Ministerio que se acompase la reincorporación del personal de los juzgados a la "urgente" reactivación de plazos procesales de algunas jurisdicciones.

"Es esencial que se reanuden plazos procesales durante la fase 1 de la desescalada para que se puedan empezar a celebrar algunos juicios durante la fase 2, al menos en la jurisdicción de lo Social", el que más carga de trabajo está acumulando debido a la crisis económica que ya está produciendo la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, ha afirmado.

La consellera ha asegurado que, ante la evolución de la pandemia de coronavirus y el previsible calendario de fases de la desescalada, es momento de modificar la disposición adicional segunda del decreto de declaración del estado de alarma de manera que se puedan reactivar parcialmente los procedimientos en algunas jurisdicciones.

Con esa disposición se suspendieron los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, salvo los procedimientos de habeas corpus, servicios de guardia, actuaciones con detenidos, órdenes de protección, vigilancia penitenciaria y medidas cautelares en matera de violencia de género o menores.

Según ha afirmado la consellera en un comunicado, "es necesario acometer un periodo transitorio para la reactivación de los procesos judiciales que sea gradual, porque hacerlo todo a la vez no será posible".

Además, ha opinado que "tampoco tendrá sentido que vuelvan al trabajo presencial un mayor número de funcionarios si no tienen cometido porque los plazos procesales siguen suspendidos".

Por ello, Bravo ha apostado por un "desescalamiento asimétrico" de la actividad de los tribunales, porque "no todas las comunidades autónomas, ni siquiera todos los partidos judiciales, tienen las mismas características", aunque siempre "en coordinación con la situación sanitaria".

La consellera ha asegurado que "no será suficiente con un plan general de aplicación a todas las sedes judiciales", sino que va a ser necesaria la elaboración de planes de contingencia específicos para cada uno de los edificios, que tenga en cuenta sus características y funciones.

Así, ha explicado que en la Comunitat Valenciana ya se está trabajando en estos protocolos de salud laboral, de acuerdo con las directrices del Invassat, que van a permitir "evaluar cada puesto de trabajo para que se pueda ejercer con seguridad".

 
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