09-05-2020 / 17:31 h EFE

Santa Cruz de Tenerife, 9 may (EE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha advertido este sábado que si el Gobierno central no autoriza el endeudamiento y el uso del superávit, se agravará la crisis económica y social en Canarias producida por la pandemia de Covid 19.

Rodríguez indica que por eso le planteará en un próximo encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la "imperilosa necesidad" de que no impida a Canarias el endeudamiento a largo plazo ni se oponga al uso del superávit y los remanentes del propio Ejecutivo autónomo y las corporaciones locales.

El también consejero de Hacienda señala que en total suman cerca de 4.000 millones de euros en los bancos y advierte de que, si no se autoriza esas operaciones, se agravaría en Canarias la crisis económica y social desencadenada por el Covid-19.

Rodríguez trasladará este y otros planteamientos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión de carácter bilateral solicitada por el vicepresidente para negociar la aplicación de medidas singulares en Canarias, en proporción a la virulencia de la crisis económica que afecta a Canarias por su dependencia del sector turístico.

Un comunicado de su departamento recuerda que el vicepresidente solicitó por escrito la reunión el pasado martes, al día siguiente del encuentro por videoconferencia entre la propia ministra y los consejeros autonómicos de Hacienda, en la que se explicó el reparto del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto distribuir entre las comunidades autónomas.

A la vista de los “discutibles” criterios elegidos por el Ministerio, Rodríguez planteó la convocatoria de un encuentro bilateral mediante una carta a la ministra, que ésta respondió en apenas dos horas, “lo que es de agradecer”.

Entre los hechos que va a demandar, Rodríguez afirma que dará prioridad a que el Gobierno central transfiera la pérdida de ingresos fiscales propios o, sobre todo, autorice ampliar el endeudamiento a largo plazo, además de utilizar el superávit "por algo que debiera ser muy fácil de entender como es que tenemos más necesidades y menos ingresos que el resto de las Comunidades Autónomas, aparte de que somos la menos endeudada del Estado”.

El vicepresidente subraya que además defiende el derecho de cabildos y ayuntamientos a utilizar sus remanentes y el superávit.

"Ellos y el Gobierno canario estamos totalmente de acuerdo en esas exigencias, vamos de la mano para reclamar decisiones con las que combatir la crisis sanitaria y social del Covid-19, y afrontar la reactivación económica. Tenemos la autoridad moral de que tanto el Gobierno como las corporaciones locales de Canarias hemos cumplido como nadie con las reglas económico-financieras”, agrega.

En su opinión, ante la caída en picado de los ingresos tributarios, la reivindicación de un mayor endeudamiento y el uso del superávit y remanentes “es la única fórmula para que no caigan las inversiones, que tienen que ser intocables, y no haya recortes en los servicios públicos esenciales, posibilidad a la que nos oponemos frontalmente y que no permitiremos, así como para financiar las medidas del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.

Añade que se precisa una acción firme del Gobierno de España y un pronunciamiento claro sobre cómo aplicará la suspensión de las reglas fiscales decidida por la Unión Europea con respecto a las comunidades autónomas y corporaciones locales.

El Gobierno de Canarias va a dejar de ingresar este año 1.000 millones de euros con respecto a lo presupuestado y las corporaciones locales, más de 500 millones.

Ante este escenario, el vicepresidente entiende que “el Gobierno de España ha de comprender que debe compensar por semejantes pérdidas a la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, diferencialmente más perjudicados que el resto de administraciones públicas de España como consecuencia de nuestra estructura impositiva, con mayoría de recaudación de tributos propios que no se contempla en las previsiones del Estado”.

En relación al nuevo fondo de 16.000 millones, Rodríguez ha insistido en que es “discutible”, tanto por el concepto de tres cajas en que se divide como por los criterios que se pretende aplicar a cada una, de tal modo que, según está planteado, perjudica claramente a Canarias.

“Por ejemplo, de los 1.000 millones de decremento en la recaudación tributaria por parte del Gobierno de Canarias, apenas aspiraríamos a que nos compensaran en parte la pérdida por tributos cedidos, que será de unos 300 millones”, subrayó.

Rodríguez indica que los recursos económicos que genera Canarias procedentes de su fiscalidad propia tienen una importancia significativamente superior que en el resto de comunidades autónomas de régimen común (en 2019, un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente a un 7,7%), reflejada en tributos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo y sobre las labores del tabaco.

El vicepresidente canario también insistirá a la ministra en la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al objeto de analizar y debatir que en el levantamiento de las reglas fiscales (déficit, deuda y techo de gasto) participen las Comunidades Autónomas, no lo gestione exclusivamente la Administración General del Estado.

 
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