08-05-2020 / 18:40 h EFE

Cataluña ha alcanzado los 11.000 fallecidos y ha superado los 225.000 infectados, 60.000 de ellos confirmados por una prueba y el resto con síntomas, en vísperas de que el próximo lunes tres de sus regiones sanitarias, donde vive el 10 % de la población, puedan avanzar a la fase 1 de la desescalada.

En una jornada en la que ha surgido la polémica sobre por qué el departamento de Interior de la Generalitat retrasó una semana la activación del Plan de Emergencias de Protección Civil (Procicat), Cataluña, que junto a Madrid y Castilla y León, presenta los peores índices de la epidemia, ha sufrido un repunte en el número total de fallecidos, 134 más en las últimas 24 horas.

Pese a ello, el número de infectados contrastados por un test ha descendido, desde más de 1.000 diagnósticos nuevos el miércoles a sólo 386 ayer jueves, mientras que los casos sospechosos también han decrecido, de más de 9.000 hace 48 horas a 7.000 ayer, y también ha bajado el número de ingresados en la UCI, hasta 437.

Del total de 11.000 fallecidos con sospechas de COVID, 6.344 han muerto en hospitales y 3.228 en geriátricos, donde más de 12.300 ancianos han dado positivo y otros 33.500 tienen síntomas.

Mientras el Ministerio de Sanidad comunicará esta tarde a la Generalitat si acepta, con mucha probabiliad, la propuesta de que sólo las regiones sanitarias del Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona pasen el lunes a la fase 1, Protección Civil de la Generalitat ha vuelto a pedir precaución en la desescalada y ha argumentado que no se aplicó antes el Procicat al inicio de la epidemia porque "no era jurídicamente viable".

La fase 1 permitirá a los habitantes de estas tres zonas, que representan sólo el 10 % de la población catalana, la posibilidad de ir a comercios sin cita previa y con limitación del 30 % de aforo y abrir las terrazas de restauración al 50% de su capacidad y un máximo de grupos de 10 personas.

Mientras Barcelona ha reabierto hoy sus playas para practicar deporte por franjas horarias y sin que haya habido aglomeraciones, el gobierno municipal ha estimado que puede "ahorrar" 400 millones para hacer frente a los 310 millones de disminución de ingresos previstos para este año, más los gastos que le ha generado la pandemia, y contar con un "fondo Covid" de 90 millones para medidas para salir de la crisis.

También el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado 165 apartamentos para personas que deben permanecer en cuarentena -por haber dado positivo o haber estado en contacto con algún infectado-, 85 de los cuales son pisos turísticos y otros 80, habitaciones de hotel.

Mientras mejora la situación en los geriátricos catalanes, donde han fallecido hasta hoy casi 3.300 ancianos, sin contar los derivados a hospitales, los familiares de los residentes han reclamado poder entrar ya a visitarles con las máximas medidas de seguridad, con test hechos y con equipos de protección individual.

Los familiares han presentado una denuncia para que la fiscalía investigue "qué ha pasado en las residencias durante la epidemia" y han pedido al fiscal que investigue a todas y cada una de las 1.070 residencias que hay en Cataluña porque "es de justicia saber qué ha pasado en estos centros" para que murieran 3.228 personas hasta hoy.

Otras polémicas que han surgido hoy en Cataluña afectan al ámbito educativo, como la queja de las escuelas concertadas porque la Generalitat no les facilitará ni les pagará el material de limpieza, desinfección y protección para prevenir el contagio de coronavirus en la preinscripción presencial del próximo curso 2020-21.

La decisión de la conselleria ha causado "sorpresa e indignación" en los centros concertados y las familias de alumnos, según la Federación de Escuelas Cristianas de Catalunya (FECC), que con más de 400 centros es la patronal mayoritaria del sector.

Las patronales de las escuelas concertadas también han reclamado un plan de rescate para el sector a fin de tener "liquidez con carácter urgente y salvar la escuela concertada", cuyo coste han cifrado en 16,8 millones por cada mes de confinamiento.

Otra polémica educativa ha saltado hoy cuando el Consejo del Alumnado de la Universidad de Barcelona (UB) ha rechazado que los profesores les puedan ver por videoconferencia en las pruebas escritas o grabarles en las exámenes orales de evaluación final, como prevé la resolución aprobada ayer por el rector, porque aseguran que "vulnera derechos fundamentales".

 
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