07-05-2020 / 18:21 h EFE

El gobierno catalán ha sufrido hoy una jornada de críticas a su gestión de la pandemia: desde su propio Consejo Asesor de Salud, que le reprocha imprevisión y que infravalorara la epidemia, hasta algunos ayuntamientos, familiares de ancianos en residencias y la patronal de las entidades sociales.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos sanitarios, que reclaman a la Generalitat que restaure el 5 % del sueldo que aún no ha resarcido de los recortes de 2012, y los de los mossos d'esquadra, que exigen test para todos los agentes y que se consideran "menospreciados" por "falta de apoyo administrativo".

El Consejo Asesor de Salud, un organismo creado por el propio Govern, ha publicado un informe en el que denuncia una falta de previsión, especialmente en el sistema de residencias de ancianos y de personas con discapacidad, entre otras deficiencias, como la falta de disponibilidad de pruebas de diagnostico y de equipos de protección individual.

El informe también critica no haber dejado acompañar a los enfermos más graves en los momentos finales de su vida, una situación que tilda de casi "inhumanidad".

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Enric Llorca (PSC), ha declarado persona 'non grata' en el municipio a la consellera de Salud, Alba Vergés, "por la gestión que ha hecho de la crisis" y por la "incomunicación, desprecio, prepotencia e insensibilidad" del departamento.

Vergés se ha defendido alegando que ha trabajado conjuntamente con muchos municipios, pero ha asegurado que Llorca "ha querido hacer las cosas al revés".

"No creo que ninguna administración pueda permitirse el lujo de despreciar recursos para luchar contra el coronavirus. Y si alguien se lo permite es que es un incompetente y un irresponsable", ha arremetido Llorca.

Vergés ha defendido la gestión en las residencias y ha subrayado que han hecho 60.000 pruebas para detectar el coronavirus, entre PCR y test rápidos, a personas mayores y trabajadores y han abierto 1.423 nuevas plazas en otros espacios.

La consellera ha admitido que ha habido "cosas que no han acabado de funcionar al principio, pero se han ido corrigiendo".

En cuanto a la propuesta del Govern de que sólo las regiones sanitarias de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Aran-Alt Pirineu pasen a la fase 1 el lunes, algunos alcaldes se han quejado de que su municipio, con pocos contagios, se vea afectado por estar dentro de una región sanitaria que aún no cumple los requisitos.

Es el caso del presidente del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer (JxCat), que ha criticado el desconfinamiento que plantea el Govern, ya que considera que su comarca merece pasar a la 1 y ha calificado de "absurdo" el planteamiento de la Generalitat.

También algunos comerciantes han criticado no poder avanzar a la fase 1, a lo que Vergés ha replicado: "Me pongo a su lado" y ha asegurado tener en cuenta sus inquietudes, aunque ha defendido "no correr" e ir con prudencia.

Otra crítica contra el Govern la ha lanzado hoy la Confederació, patronal de las entidades del tercer sector social, que ha cuantificado el impacto de la COVID-19 sobre las entidades en más de 618 millones de euros, por lo que urge medidas para asegurar la sostenibilidad de estas.

Según la patronal, el sobrecoste que han tenido que asumir las entidades supera los 85 millones, mientras que el parón por la epidemia ha representado una pérdida de ingresos de más de 533 millones, por lo que reclaman el pago inmediato de la deuda que tiene la administración con el tercer sector social: más de 75 millones en facturas vencidas, y casi 83 en subvenciones ejecutadas y justificadas.

También la Coordinadora de Residencias 5+1, que agrupa a familiares de ancianos, han pedido a la fiscalía que investigue "qué ha pasado en las residencias", con la muerte hasta ayer de 3.178 usuarios.

La coordinadora ha interpuesto una denuncia en la que acusa a la Generalitat de no facilitarles acceso a la información para saber "si se ha discriminado a las personas mayores por razón de su edad" y de no haber recibido respuesta a sus peticiones de más test, equipos de protección y aislamientos preventivos.

En su denuncia afirman que la Generalitat no dotó de EPI al personal "ni hicieron test con la rapidez necesaria, lo que se ha visto agravado por una caótica gestión en muchas residencias, con un aislamiento más que discutible de personas con síntomas/positivos".

También ha habido críticas de familiares de personas ingresadas en centros de discapacidad.

La Generalitat ha admitido que 205 centros residenciales para discapacitados, del total 367 que hay en Cataluña, han estado en "situación compleja", aunque asegura que actualmente sólo hay 43 en esa situación de "complejidad".

El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, que a partir de mañana abrirá sus playas entre las 06.00 y las 10.00 horas para hacer deporte, han creado hoy una oficina conjunta para gestionar la desescalada en la ciudad, el territorio catalán donde aún se mantiene un riego moderado-alto de contagios.

Mientras, baja el número de enfermos en las UCI de Cataluña, 483, por debajo ya de los 500, aunque la cifra de fallecidos sigue aumentando y son ya 10.831 víctimas, 66 más en las últimas 24 horas.

 
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