06-05-2020 / 13:52 h EFE

Las protestas del pasado otoño en Cataluña contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés' ha disparado los casos de violencia policial en 2019, que han aumentado más del doble en un año, de acuerdo con la organización pro derechos humanos Irídia.

Así lo revela el Informe sobre violencia institucional 2019 que la entidad ha presentado este miércoles en rueda de prensa y según el cual atendieron el pasado año a un total de 248 víctimas de violencia policial, 204 de las cuales sufrieron daños durante las manifestaciones por la sentencia del 1-O.

"A lo largo de 2019 ha habido un incremento de casos y se ha mantenido la tónica de crecimiento de las atenciones realizadas por nuestro servicio", ha asegurado la abogada Marta Valldaura, quien ha explicado que "la gran mayoría de las detenciones se produjeron entre octubre y diciembre como consecuencia de las actuaciones policiales en el marco de las movilizaciones postsentencia".

Del total de casos atendidos por Irídia el pasado año, 216 sufrieron violencia institucional en protestas -tanto las del 'procés' como en otras-, 14 en el espacio público, 14 en situaciones de privación de libertad como comisarías o cárceles y cuatro durante actividades como desalojos de viviendas.

Además, de las 204 personas afectadas durante las manifestaciones en contra del fallo del Supremo, 54 sufrieron daños por balas de goma o de foam -cuatro de las cuales perdieron la visión de un ojo-, 18 recibieron golpes de porra en la cabeza y tres fueron lesionadas por furgones policiales.

Unas cifras a las que se suman también ocho casos de vejaciones y humillaciones y, al menos, cinco agresiones a periodistas correctamente identificados.

"Se trata de actuaciones policiales muy graves, de vulneraciones de derechos y de un uso claramente abusivo de los proyectiles tanto de goma como de foam contra los manifestantes", ha denunciado la letrada Marta Bolinches, quien ha censurado que los agentes buscaran "castigar" en lugar de "dispersar".

Bolinches ha denunciado además el "uso desproporcionado y no reglamentario" de la porra por parte de los Mossos d'Esquadra, a quienes ha acusado de haberla empleado en "actuaciones injustificadas con ánimo de castigar a los manifestantes".

Por eso, ha tachado estas prácticas de "muy preocupantes y totalmente intolerables" y ha reclamado "una evaluación profunda" de los protocolos que emplea la policía.

De hecho, a raíz de los disturbios en las protestas independentistas, el Govern anunció que los Mossos d'Esquadra se someterían a la mayor auditoría interna de su historia para supervisar supuestas malas praxis lo que, hasta el pasado febrero, había supuesto 37 expedientes a la espera de concluir el proceso.

No obstante, desde Irídia critican la "poca transparencia" del cuerpo y aseveran que esta opacidad "dificulta" el control, por lo que han abogado por que se publiquen abiertamente los protocolos de actuación para poderlos "fiscalizar y ver si son adecuados".

En este sentido, la abogada y cordirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha instado a impulsar un grupo de estudio en el Parlament para evaluar los sistemas de control de los Mossos d'Esquadra, mientras que el letrado y también codirector de la entidad Andrés García ha exigido "concreción" tras las reuniones mantenidas con los grupos de la cámara catalanas sobre las protestas.

"Es clave y necesario ver si hay medios suficientes en la división de asuntos internos o cómo funcionan unidades del cuerpo de Mossos como la División de Evaluación de Servicios (DAS) para poder actualizar el sistema policial de derechos humanos", ha señalado García.

Ha apostado así por crear una comisión parlamentaria "muy centrada en trabajar el sistema de control de los agentes policiales para generar una buena prevención" ya que, ha recalcado, "si fallan cosas es porque los mecanismos de control no son suficientes".

Y ha agregado en alusión a una de las jornadas de mayores disturbios postsentencia en Barcelona: "Si los agentes piensan que el viernes 18 de octubre podían ir castigando a la población y no dispersando, o lanzando balas de foam a la cabeza de manifestantes, quiere decir que los sistemas de control no funcionan y se tienen que revisar".

 
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